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Vecinos de Lozano presentaron un pedido a la justicia para que se traslade a Atilio Bruno, el sacerdote conocido como padre Luis, que está en prisión domiciliaria en esa localidad imputado por abuso sexual.
El cura está detenido desde el 11 de abril por orden de la jueza especializada en Violencia de Género Noelia Cruz, acusado de los delitos de «abuso sexual con acceso carnal» y «abuso sexual simple», ambos agravados por ser miembro de un culto religioso. Hace tres semanas, contaron los vecinos, fue beneficiado con prisión domiciliaria y se instaló en su casa de Lozano.
«Ya era momento de dar a conocer públicamente esta situación para que la justicia se expida y lo saque de ahí», afirmó en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) Mariela Rozmarin, pobladora del barrio, y agregó: «Que lo lleven a la cárcel o adonde sea, aunque obviamente no me gustaría que otro barrio viva los mismos miedos que nosotros».
En principio, la gente se pregunta por qué Bruno está con domiciliaria si tiene 59 años y no reporta ningún tipo de enfermedad. Pero más allá de esto, aseguran que la presencia del cura les da temor.
«Lo vemos todo el tiempo», comentó la mujer. Y describió: «Yo estoy en la punta de Lozano y muy enseguidita empieza Yala. Es una zona rural. La comisaría más cercana está a 30 cuadras. Hay muchas familias con niñas y adolescentes».
Los vecinos están además preocupados porque no hay custodia ni ningún tipo de control de los movimientos del imputado. Dicen que están casi seguros de que ni siquiera usa tobillera.
El miedo se acentuó en los últimos días, tras revelarse una trama de tráfico de influencias en la que Bruno y la jueza de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy Laura Lamas tramaban pagarle a la víctima del abuso para que retirara la denuncia, con la participación del propio obispo César Fernández.
«Hay vecinos que no quieren poner la cara, ni siquiera quieren firmar la nota. Pero no podemos naturalizar esta situación», comentó Rozmarin.
Este lunes, además de visibilizar su reclamo en la plaza Belgrano, este grupo de vecinos presentó, con el acompañamiento de la abogada Mariana Vargas, una nota en la Oficina de Gestión Judicial en la que solicitan formalmente el traslado del sacerdote.
Vargas adelantó que en caso de no obtener una respuesta positiva al pedido, se van a presentar en el expediente como parte interesada en la causa.
