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Cinco familias de Tilcara continuaban con la negativa a ser reubicados por el Gobierno provincial y resistían la decisión judicial que vence hoy para desalojarlos del sector de las vías por donde transitará próximamente el tren turístico solar, mientras apartaron al fiscal que solicitó esa medida, acusado por «denuncias falsas».
El fiscal Fernando Alancay, que había solicitado los desalojos por la supuesta «usurpación» de los vecinos, fue apartado por el juez de Control Roberto Assef tras ser denunciado penalmente de armar la causa en base a «denuncias falsas».
Durante una audiencia, el juez también rechazó un hábeas corpus de carácter preventivo presentado por la abogada Alejandra Cejas para proteger a las familias de los desalojos, aunque la sentencia por escrito se conocerá en los próximos días.
Las órdenes judiciales alcanzaron a las 16 familias residentes en el lugar, con un operativo que comenzó la semana pasada, y la mayoría aceptó ser reubicada hacia un lugar seguro, de acuerdo con la propuesta del Gobierno que construyó módulos habitacionales, pero «sin agua de red ni electricidad», según denunciaron los vecinos afectados.
Pero cinco familias se niegan a dejar sus casas y afirman ser «dueños legítimos y que no usurparon» ningún espacio.
«Las familias tienen acreditada la compra de las viviendas a través de sus recibos de sueldo, donde figura y están los formularios de la ley que avala la compra realizada», dijo la letrada, quien presentó distintas medidas cautelares en defensa de sus clientes que comenzaron a tener respuesta.
De esta manera, la justicia suspendió ayer el desalojo previsto para una de las familias y llamó a una «audiencia de nulidad» para el próximo lunes.
Desde la semana pasada se viene desplegando un intenso operativo con más de un centenar de efectivos policiales para desalojar a los vecinos de las vías, que se aferran a sus derechos de propiedad pese a haber sufrido «situaciones de hostigamiento», según denunciaron.
«Todos sabemos quienes viven en el barrio, quienes son usurpadores y quienes no», relató Lorena, una de las vecinas afectadas, y apuntó contra el fiscal Alancay por las «acusaciones falsas» del coordinador ejecutivo en Unidad Ejecutora Provincial Tren Jujuy – La Quiaca Emiliano Rodríguez.
«Realizamos la denuncia contra ellos y hoy no pueden dar la cara», expresó la mujer a medios locales, a la vez que aclaró que «no está en contra» del paso del tren turístico y que «las vías están libres» para que pueda circular.
Tras el desplazamiento del fiscal Alancay, quedó a cargo el fiscal Diego Funes,
En medio del conflicto en Tilcara, ayer una mujer se encadenó en la puerta de su casa en la que vive junto a sus tres hijos ante el temor a ser desalojada por orden judicial junto a otras cuatro familias.
El grupo vive en un tramo de la vía por donde comenzará a circular el tren turístico solar de la Quebrada de Humahuaca desde diciembre, según lo anunciado por el Gobierno provincial.
Tras ser retiradas las pertenencias de las casas desalojadas, las máquinas y camiones trabajaron para la demolición de las propiedades.
«Se está dando una situación de desalojo sin juicio» ya que «varias de las familias tienen título de propiedad» de sus casas, sostuvo Cejas y recordó que muchas viven allí desde 1992 desde la privatización del exferrocarril General Belgrano.
La estación de Tilcara es parte de la primera fase del circuito que realizará el tren turístico desde Volcán, proyecto que ejecuta el Gobierno de Jujuy, que logró que la Suprema Corte de Justicia provincial fallara a su favor y ordenara «el desalojo de los ocupantes ilegales ubicados en terrenos federales de las vías del ferrocarril» en esa localidad.
