La Asamblea Nacional venezolana aprobó este jueves de manera unánime el proyecto que busca normar y regular las actividades de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el país.
«En consideración, las honorables diputadas y diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre (…), ¡queda aprobada por unanimidad!», dijo el presidente del órgano legislativo, Jorge Rodríguez, durante la sesión ordinaria.
La normativa contempla una serie de requisitos para el funcionamiento y creación de organizaciones no gubernamentales y otras entidades sin fines de lucro, cuyo incumplimiento queda sujeto a sanciones, incluso su disolución.
De igual manera, el ente con competencia deberá mantener un registro nacional de las organizaciones, correspondiente a la constitución, funcionamiento, financiamiento y modificación de las mismas. De acuerdo con la ley, el organismo dictará los actos administrativos necesarios para el registro nacional.
Por otra parte, los representantes de las ONG quedan sujetos a la notificación sobre financiamientos o donaciones que reciban a los fines de asegurar la licitud de los fondos; por tanto, deberán rendir cuentas una vez al año.
La normativa también establece que dichas organizaciones tienen prohibido recibir aportes económicos de organizaciones con fines políticos o destinarlos; realizar actividades propias de los partidos políticos y promover el fascismo, intolerancia y odio.
Activistas y miembros de ONG en Venezuela aseguran que esta normativa busca criminalizar a la sociedad civil organizada. «La ley anti ONG formaliza la persecución a las organizaciones de la sociedad civil venezolanas», dijo Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, en su cuenta de X.
«Su aprobación responde a la naturaleza de un régimen político que busca controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y del país», agregó.
«Al final lo que se quiere es reprimir a las ONG con este proyecto de ley que se une a la ola represiva luego del 28 de julio y que lo que busca es cerrar definitivamente el espacio cívico», declaró a la agencia Reuters el abogado Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, una asociación civil que monitorea el sistema legal.
Gina Romero, relatora especial de la ONU sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, se mostró preocupada en su cuenta de X por «el discurso estigmatizador utilizado, según el cual se asocia la acción de las ONG y otras organizaciones con servir de ‘fachada para el terrorismo’; así como la difusión de ‘expresiones de odio social e ideas fascistas'».
En Venezuela operan decenas de fundaciones y grupos no gubernamentales que se dedican a temas desde atención de presos, monitoreo de la situación de violencia, revisión de casos de ejecuciones extrajudiciales, libertad de expresión e indicadores económicos y sociales, entre otros.
Sputnik / BBC