Verbitsky: «En el corto plazo estaremos dando una conferencia junto a Milagro»

“El estado debe cumplir con la resolución o será separado de la legalidad internacional”, aseveró ayer Horacio Verbitsky, presidente del CELS, respecto de la resolución de la ONU que ordena al gobierno argentino liberar a Milagro Sala por considerar que su detención es arbitraria. Remarcó además: «El contador Morales puede decir lo que quiera, pero la responsabilidad no es de la provincia de Jujuy sino del Estado argentino”.

Verbitsky dio una conferencia de prensa junto a Gastón Chillier, también del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Elizabeth Gómez Alcorta, del equipo de abogados defensores de Sala, en la que dieron detalles de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones. Participó también de la actividad el Comité por la Libertad de Milagro Sala.

Verbitsky destacó la importancia de la resolución, en tanto “desde enero de este año todos los argentinos estamos bajo libertad condicional», advirtió y completó: «Desde el momento que es posible privar de su libertad a una persona en forma arbitraria, sin ninguna causa justificada y a pesar de los fueros que tiene como parlamentaria del Mercosur, todos estamos en peligro».

«Una vez más los organismos defensores de derechos humanos debimos recurrir a instancias supranacionales debido a la falta de respuesta jurisdiccional y política dentro de nuestro país”, agregó.

En ese marco, señaló que el Estado no se puede negar a dar cumplimiento a la resolución “salvo que el gobierno decida salirse de la legalidad internacional», y consideró que, a su entender, no están dadas las condiciones para ello «en este momento en el que funcionarios nacionales están viajando permanentemente por el mundo pidiendo inversiones”.

Anticipó que el CELS presentará una nota ante la Cancillería para que el Poder Ejecutivo responda de qué manera y cuándo dará cumplimiento a la resolución.

En referencia a trascendidos del gobierno de Jujuy según los cuales habrían minimizado los efectos de la resolución, Verbitsky fue contundente: “Esta es una resolución definitiva. No es una recomendación, es una resolución», y amplió: «El Grupo de Trabajo solicita al Estado Argentino la inmediata libertad y además solicita que se investiguen las violaciones a los derechos humanos».

«El contador Morales puede decir lo que quiera, pero la responsabilidad no es de la provincia de Jujuy sino del Estado argentino”, expresó.

Por su parte, Elizabeth Gómez Alcorta destacó el trabajo de la defensa de Milagro Sala e indicó que la resolución confirma cada uno de los planteos que realizó el equipo de abogados de la dirigente social.

Tras enumerar algunas de las tantas irregularidades que fueron denunciadas durante el proceso que se abrió el 16 de enero con la detención ilegal de la diputada del Parlasur, Gómez Alcorta señaló que “lo que no quiso hacer lugar el Poder Judicial de Jujuy, que para esta defensa fue exclusivamente un Poder Judicial adepto y disciplinado al poder político de Gerardo Morales, ha tenido eco en una resolución que para nosotros es impecable y que viene a demostrar que esto que nosotros decimos que es que Milagro tiene una detención arbitraria y que por eso es una presa política”.

En relación con la obligatoriedad del cumplimiento de la resolución, Gómez Alcorta explicó que el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias es un grupo que depende del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, compuesto por cinco expertos internacionales de distintos países. «Se trata de un mecanismo que genera obligaciones internacionales -precisó-. Lo que hace este grupo es controlar el cumplimiento de parte de los Estados respecto del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y en el punto anterior a la decisión, el informe plantea que efectivamente el Estado argentino violó los artículos 9 y 14 del Pacto en el caso de Milagro».

«No hay dudas de que el Estado forma parte del sistema universal, asume las responsabilidades al suscribir sus tratados internacionales y la asunción de esa responsabilidad implica obligaciones internacionales. La decisión es una responsabilidad de cumplimiento o incumplimiento ante la comunidad internacional”, expresó.

La abogada agradeció especialmente el trabajo impulsado por el CELS, Amnistía Internacional, ANDHES y “el acompañamiento de las organizaciones sociales y políticas y de miles de argentinos que desde los Comités por la Libertad de Milagro pero también desde la individualidad de los ciudadanos frente a la tremenda injusticia que se está viviendo salieron a la calles más de una vez y en cada una de las marchas y movilizaciones populares que hubieron para pedir por la libertad de Milagro”.

Al finalizar, Verbitsky expresó que esta “es una oportunidad para que el gobierno aplique esta actitud que el Presidente ha mencionado varias veces de que cuando se equivocan rectifican; que no se empecinan en el error, que pueden dar marcha atrás en las decisiones que se demuestran erróneas. Tengo mucha confianza en que en el corto plazo vamos a estar dando una conferencia aquí con Milagro Sala”.