En el marco de su política de vaciamiento de Vialidad Nacional, el gobierno de Javier Milei abrió la segunda etapa de retiros voluntarios en ese organismo. La medida está relacionada al plan de privatizaciones que pretende reducir a esa dependencia a su mínima expresión para dejar en manos de empresas privadas el mantenimiento y peaje de buena parte de las rutas nacionales.
La decisión fue oficializada en la Resolución 1220/2026 publicada en el Boletín Oficial y es el segundo capítulo de retiros que impulsa el Gobierno. Durante el primero había logrado que se adhirieran 609 trabajadores, sobre una base estimada de los 900 que pretendía dejar en la calle.
Tal como la primera vez, el plan incluye una serie de condiciones desventajosas que rozan el incumplimiento de los derechos laborales. Por ejemplo, no cobrar el 100 por ciento que corresponde a un retiro, renunciar a futuros reclamos judiciales y no volver a trabajar en el sector público durante cinco años.
El argumento que esgrimió el Gobierno para reactivar el vaciamiento sistemático es el de la reorganización del Estado, a partir de la reducción del personal para hacer “eficiente” la utilización de los recursos públicos.
El plan de retiros voluntarios
El plan está dirigido a los empleados de planta permanente o con contratos de más de un año de antigüedad, bajo la condición de no considerarse “despedidos”.
La liquidación por la adhesión al retiro voluntario tiene tres opciones solo para quienes tienen 24 o más años de antigüedad. La primera es aceptar el 90 por ciento del haber en ocho cuotas, sin contar conceptos no remunerativos ni extraordinarios, como viáticos y horas extras.
La segunda es aceptar el 80 por ciento del retiro más una cobertura asistencial y contribuciones de obra social durante un año. Y la tercera es similar a la primera pero para quienes tienen 12 años de antigüedad.
Pero la condición que prioriza el Gobierno es la de desistir de reclamos administrativos o judiciales vinculados con la relación laboral. Y no volver al Estado durante cinco años, es decir no durante una eventual continuidad de La Libertad Avanza (LLA) a partir de 2027.
Vaciamiento
Tanto las condiciones desventajosas como el plan de vaciamiento habían sido advertidos por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), durante las continuas protestas y denuncias, como aquella que logró suspender el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad.
El vaciamiento de trabajadores va de la mano con la política de desguace activada por Javier Milei que llevó a ese organismo a abandonar el mantenimiento de las rutas nacionales. Este punto se convirtió en un largo reclamo de parte de gobernadores de la oposición y hasta de los aliados, sin mencionar la obvia protesta de los sindicatos del sector.
Las consecuencias del abandono de las rutas fueron el incremento de accidentes viales y la cantidad de muertes por esos siniestros.
Un informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) publicado en junio de este año reconoció que durante el último año hubo 3.255 accidentes graves en los que murieron 4.060 personas. Solo en el primer año que se activó el vaciamiento de Vialidad, el Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial había dado cuenta de 3.894 siniestros y 3238 muertes en rutas de todo el país.