Victoria de las comunidades: La Corte ordena frenar los proyectos de litio en la puna

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a las provincias de Jujuy y Salta suspender la exploración y explotación de litio y borato en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, una decisión que representa un triunfo de las comunidades originarias. De todos modos, la realidad muestra que no hay emprendimientos activos sino que las autorizaciones emitidas por el gobierno jujeño funcionan más como un aporte a la cotización de los proyectos, que se arriendan o se venden.

El fallo del máximo tribunal es en respuesta a un amparo presentado en 2019 por las comunidades de Santuario de Tres Pozos, San Francisco de Alfarcito, Aguas Blancas y Rinconadilla, entre otras, junto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y con la representación legal de la abogada Alicia Chalabe.

En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), la abogada señaló que esta decisión de la Corte «es un aliciente muy importante para seguir la la lucha y por el reconocimiento de los derechos de las comunidades de la cuenca de Salinas».

«La acción judicial de amparo la presentamos en el año 2019 -repasó Chalabe-. Allí se pidieron varias cosas, es una demanda bastante larga. Pero esencialmente lo que se planteó es que las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc es una cuenca, y que hay una ley nacional que regula las cuencas».

La abogada explicó que considerar la zona como una cuenca obligaría a hacer un estudio integral del sistema hídrico y que el impacto ambiental también debe evaluarse con un criterio acumulativo y no individual.

«También planteamos que teníamos que tener una línea de base, es decir, un estado de situación de la cuenca en este momento, para poder aprobar cualquier proyecto de pedimentos de litio de exploración», agregó.

En síntesis, el pedido presentado seis años atrás planteaba que debía suspenderse la aprobación de cualquier proyecto de exploración de litio en la cuenca.

Cuando los estados jujeño, salteño y nacional cumplan con lo requerido en el fallo, la Corte va a resolver las medidas cautelares.

La cuestión de la suspensión es clave «porque ninguno de esos estándares se cumple y se siguen aprobando proyectos de manera individual, sin el estudio de la cuenca», indicó Chalabe.

La abogada destacó que el fallo de la Corte «es muy bueno» porque detalla la cantidad de proyectos aprobados en cada una de las dos provincias. «En Jujuy hay 57 pedimentos mineros sobre una misma cuenca. Si esos 57 emprendimiento llegan a explotar, no queda nada. Y hay aprobados 27 emprendimientos», precisó.

«El gobierno de Jujuy pretendió conseguir aprobaciones individuales -explicó la abogada-. Eso es lo que hizo en toda la cuenca, aprobar los proyectos individualmente, cada uno con un número de expediente y una denominación de fantasía. De este modo, el proyecto queda cercado. Hacen todo un trabajo, dividen a las comunidades, consiguen una que autorice y dicen ‘este proyecto es aprobado por esta comunidad pero desaprobado por esta otra y esta otra, entonces solo autorizo a que se explore en la zona de la que autoriza’.»

Y agregó: «Esto contradice el código de minería, que dice que las minas no se pueden dividir. Y el estado provincial las está dividiendo para lograr las autorizaciones. Todo eso ha sido desbancado ahora por la Corte, dando lugar al amparo».

¿El litio fantasma?

Más allá de la lucha de las comunidades, por un lado, y de la gran promoción que hace el gobierno provincial de la actividad minera en torno al litio como motor de crecimiento, lo cierto es que actualmente no hay emprendimientos activos en Jujuy, sino que las autorizaciones emitidas por el gobierno jujeño son más un elemento que aporta a la cotización de los proyectos, que se arriendan o se venden.

Como reveló la abogada Alicia Chalabe, las autorizaciones emitidas por el gobierno jujeño son más un elemento que aporta a la cotización de los proyectos, que se arriendan o se venden.

«Ninguno de los proyectos que se aprobaron están funcionando -detalló-. En Lipán, PanAmerican no encontró lo que buscaba y el campamento está prácticamente vacío. Son áreas que fueron licitadas en la anterior gestión de Gerardo Morales en una licitación internacional. También está el campamento de Rinconadillas, al otro lado de la ruta 52, ya en la Laguna de Guayatayoc, que es de Pluspetrol, que fue autorizado por María Inés Zigarán a través del Ministerio de Ambiente, y también está desmantelado. Llegaron, lo instalaron y ya se fueron».

-¿Por qué se fueron?  

-Probablemente porque no han encontrado mineral en los pozos que hicieron. Y por otro lado, hubo muchos problemas con la licencia social, porque fue un gran escándalo.

-¿Quiere decir que nadie está explotando litio?

-No, no hay explotación.

-Autorizaron 27 proyectos, dos de las cuales se fueron porque no encontraron nada. ¿Es así?

-Sí.

-¿Y los demás? ¿Alguna minera está haciendo algo?

-No, no están haciendo nada.

-¿Y por qué avanzan con las autorizaciones?

-Avanzan contra reloj porque es un gran negocio. Yo tengo el OK de Minería y lo arriendo, lo divido o se lo vendo a otra empresa. La autorización es lo que te da valor en el mercado. Por eso este fallo de la Corte les da en el ojo. Porque las empresas lee todo, tienen asesores, y van a ver que la situación es inestable. Desde 2010 venimos peleando, diciendo que para autorizar tienen que cumplir con ciertas cuestiones, y la provincia contestando «No, yo autorizo lo mismo». Ahora la Corte viene de alguna manera a frenar esto. Menciona los estándares, en un párrafo pone que se trata de un humedal que hay que proteger, que es un recurso que se agota y que tiene además un sistema hídrico frágil. Y las empresas ven todo esto, además de la pelea de las comunidades.