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Con jueces y fiscales en pie de guerra se inicia formalmente el debate en Diputados por las jubilaciones de provilegio del Poder Judicial y el servicio diplomático. Enviados del Poder Ejecutivo defenderán la medida, mientras que representantes de los funcionarios judiciales buscarán frenarla bajo la amenaza de judicializar la ley una vez aprobada. La organización Justicia Legítima se erige como una de las únicas voces que respalda los cambios, atenta a “la situación de emergencia” del país, pero reclama modificaciones para evitar la “anulación jurídica” del nuevo régimen.
La reunión del plenario de las comisiones de Presupuesto, presidida por Carlos Heller (FdT), y de Previsión, encabezada Marcelo Cassareto (FdT), empezó a las 14. Se espera una extensa discusión en el anexo de la Cámara Baja como antesala al debate en el recinto, que el oficialismo aspira a que tenga lugar este mismo jueves. Por parte del Gobierno expondrán el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y el director ejecutivo de la Anses, Alejandro Vanoli.
Luego será el turno de las organizaciones que nuclean a jueces/as y fiscales, que calificarán al proyecto de inconstitucional, por entender que afecta la intangibilidad de los sueldos e insistirán en que afecta derechos adquiridos y la independencia de los magistrados. La semana pasada, fue el propio Presidente el que salió a explicar por qué considera que el argumento de la intangibilidad no tiene sustento. Por un lado recordó que la Constitución obliga al Estado a respetar esos sueldos, pero advirtió que se hizo porque en otros tiempos los gobiernos presionaban a los jueces con los salarios porque era el Ejecutivo el que los establecía. «Entonces, lo que quiso la Constitución es que eso no sea un elemento de presión sobre los jueces. Pero ahora la realidad es que hoy los jueces se fijan su propio sueldo. Y se fijaron sueldos interesantes, eh. Además, la intangibilidad tiene que ver con los jueces que imparten justicia, pero si se jubiló ya no imparte justicia”, había indicado Alberto Fernández.
La Asociación de Magistrados, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun), la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), argumentarán esta tarde que la Corte Suprema de Justicia sostuvo la vigencia del régimen especial de jubilaciones en el fallo “Gaibisso”, que tiene raigambre constitucional y es una extensión de la garantía de la intangibilidad de los haberes. Además harán hincapié en que no se trata de un sistema de privilegios sino de carácter “especial” y que su derogación provocará “un inmediato agravamiento del déficit que se quiere reducir”, según señalaron desde las entidades, que ya caminaron los pasillos del Parlamento buscando el apoyo de los bloques opositores.
El proyecto sube la edad jubilatoria de manera escalonada a los 65 años, eleva los aportes y también modifica el cálculo del 82% móvil, tomando los diez últimos años de aportes como cualquier jubilación del régimen general. Según el texto, a lo que apunta es a «reducir las inequidades existentes en el sistema previsional» con un aumento del 7 por ciento en el aporte previsional. «Se pretende con ello lograr la convergencia entre el régimen especial y el régimen general, de forma paulatina y sin afectar derechos adquiridos».
Una voz en el desierto
Justicia Legítima se pronunció en las últimas horas a favor de la propuesta del Poder Ejecutivo. Pero, al mismo tiempo, reclamó que se consulte a los afectados y discutir la letra chica para –según dicen- evitar que la iniciativa sea derribada luego en los tribunales.
“Nuestro punto de partida es que el país está al borde del abismo”, dice el comunicado de jueces/as y fiscales de esa organización. El texto describe “el grave deterioro sufrido” por el Poder Judicial durante el gobierno de Macri y menciona la utilización de los tribunales con fines de persecución política al afirmar que “eso que hoy en el mundo se llama lawfare, tuvo en nuestro país un escenario muy destacado”. En otro orden, recuerdan que sostuvieron siempre que “es absurdo que los miembros del poder judicial no paguen impuestos a sus ingresos como todos los ciudadanos”, lo que no guarda relación alguna con la intangibilidad de los sueldos. Al diferenciarse de los sectores corporativos que defienden el actual régimen, el comunicado recuerda que la Constitución establece la intangibilidad “en beneficio de los justiciables, no de los individuos magistrados”.
Luego de fijar postura respecto de la situación de la Justicia en general, los integrantes de Justicia Legítima afirman que esa entidad “no tiene ni pondrá obstáculos a lo que los representantes del pueblo decidan en la situación de emergencia que el país se encuentra”, pero advierten que “el proyecto debe ser discutido por los sectores involucrados”. En línea con el resto de las organizaciones, sostienen que “no se juzga un sistema privilegiado, sino especial”, aunque aclaran que “con múltiples especificidades que se justificaron en su momento para garantizar derechos ciudadanos y no corporativos y deben ser protegidos”. Al mismo tiempo advierten que debe ser “en el contexto de una necesaria reforma”. Según señalan, “de ese modo se mejoraría el proyecto y se evitaría su anulación jurídica, paradójicamente decidida por tribunales que son parte del objeto de la discusión”
Desde el resto de las entidades advierten sobre la catarata de renuncias –que ya de desató- para esquivar el nuevo régimen. Además, insisten con judicializar la ley una vez aprobada.
“Lo único que quiero es poner un poco de igualdad en el sistema. No me parece feliz que los jueces me amenacen con que van a declarar la norma inconstitucional”, dijo el Presidente la semana pasada. Alberto Fernández decidió salir personalmente a defender la medida, lo que indica que el Gobierno está decidido a no retroceder. Sin embargo, no se descartan algunas modificaciones al texto original, para buscar amortiguar las fuertes resistencias de un sector que nunca está dispuesto a perder sus privilegios.
Por Sofía Caram, en Página/12
