(Videos) Nueva marcha de antorchas contra la reforma constitucional y por salarios dignos

Colectivos sindicales, sociales, políticos y derechos humanos, junto a la Multisectorial contra la Reforma de la Constitución, realizaron esta noche otra multitudinaria marcha de antorchas para exigir al gobierno provincial de Gerardo Morales el “cese de la persecución y represión a los que luchan”, que se derogue la nueva carta magna y que “ningún salario esté por debajo de la línea de la pobreza».

La convocatoria estuvo encabezada por la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), que nuclea a los /as maestros/as de los niveles inicial y primario, que reclaman el reintegro de descuentos realizados en sus haberes «por ejercer el derecho a huelga”.

Las distintas columnas recorrieron las calles céntricas de la ciudad capital y llegaron hasta la Casa de Gobierno local, pidiendo además por el desprocesamiento de quienes fueron detenidos durante los avances represivos a las manifestaciones contra la reforma el 17 y 20 de junio pasado.

“No se puede seguir subestimando al pueblo jujeño, que está haciendo un reclamo y no está escuchando del otro lado una respuesta”, señaló la secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), Mercedes Sosa, al referirse al nivel de conflictividad que se sostiene en la provincia y que, dijo, lo “generó el mismo Gobierno”.

Como en otras movilizaciones, la marcha también estuvo caracterizada por el sonar de ritmos autóctonos. “Mucho cannabis, mucho litio y 0 peso en el bolsillo”, formó parte de unas de las tantas expresiones a modo de cántico, por parte de quienes avanzaban haciendo sonar instrumentos típicos.

En material salarial, la convocatoria de esta jornada sumó el pedido de llamado a paritarias conjuntas de todos los sindicatos, exigiendo que “ningún salario esté por debajo de la línea de la pobreza”.

Respecto a la reforma, la Multisectorial dio a conocer hoy un pedido de certificación de certeza a plantearse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debido a que “hay pruebas” que, aseguran, invalidarían “todo el proceso» realizado, ello respecto a que se vulneraron artículos constitucionales.

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