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Mariana Katz, abogada del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), dialogó con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) sobre el informe difundido este miércoles que elaboró la Misión de Solidaridad y Derechos Humanos. «Todo lo que está ahí es lo que se observó en la visita que realizamos más de diez organizaciones, en la que hicimos un relevamiento y tomamos testimonios», describió Katz.
El informe advierte que «gran parte de las vulneraciones -constatadas-, por su carácter sistemático y/o generalizado y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los DDHH», y observa que el Estado de Derecho y el orden democrático en Jujuy se vieron «gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales».
Katz explicó que este extenso informe tiene tres caminos a futuro. Por un lado, se trata de un material que será utilizado en el ámbito jurídico, como prueba para apoyar las numerosas denuncias ya presentadas y las que se presentarán. De hecho, el informe preliminar ya fue usado como elemento probatorio en el habeas corpus presentado por Adriana Aredez y Adolfo Pérez Esquivel.
«Nosotros lo estamos utilizando como uno de los elementos probatorios para mostrar la situación de gravedad y el contexto en que está subsumida la población de Jujuy, porque si bien es una foto de esos días, eso no quiere decir que esa situación haya desaparecido, porque la gente sigue viviendo amenazas y presiones», precisó Katz.
Por otro lado, indicó la abogada, el informe implica «reconocer a las víctimas, que tienen derecho a que se les repare por lo que les pasó», por lo que será «una herramienta para esa reparación».
«Hay tercera dimensión -continuó Katz-. Así como la sociedad argentina se apropió de un Nunca Más, este informe va a tener un impacto concreto en función de la apropiación que los jujeños hagan de él en los ámbitos universitarios, educativos, en las escuelas, porque llama a la reflexión».
En este sentido, remarcó que «las personas que ejercen cargos públicos están en función de una representación, es decir que no pueden hacer lo que quieren; hay límites, pesos y contrapesos».
«Esta dimensión es la que de alguna manera transforma la realidad, más allá de describirla. Porque necesitamos ir un paso más adelante y cambiar las cosas para que esto no vuelva a ocurrir ni en Jujuy ni en ninguna otra provincia», agregó.
En los hechos, el informe va a ser elevado a los miembros de la comisión investigadora creada por el Ejecutivo nacional, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Congreso de la Nación y a organismos internacionales.
Sobre el trabajo de la Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre Violencia Institucional en Jujuy, Katz explicó que este viernes comenzaba a diagramar el trabajo. En principio, habrá reuniones con los organismos y organizaciones que ya relevaron la situación en la provincia y luego viajarán a Jujuy para completar su tarea.
Tipifican accionar del Gobierno jujeño contra población civil como «delitos de lesa humanidad»
