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El conflicto salarial con la Policía de Jujuy y el Servicio Penitenciario detonó anoche en una jornada de extrema violencia. Lo que comenzó como un reclamo de familiares y personal retirado terminó con manifestantes arrancando una de las rejas de la Casa de Gobierno sobre la calle Sarmiento y una densa humareda negra por la quema de neumáticos que cubrió el acceso al palacio provincial.
La furia de los efectivos en actividad, retirados y sus familias expuso el fracaso del acuerdo salarial anunciado ayer por el Ejecutivo. Para quienes estuvieron en la calle, ese pacto es insuficiente y no representa las necesidades de la base de las fuerzas de seguridad.
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Tensión al límite y falta de respuestas
A pesar del desborde y los daños materiales en el edificio histórico, la respuesta oficial sigue siendo burocrática. Representantes de los manifestantes se reunieron con funcionarios de las áreas de Hacienda y Seguridad, pero se retiraron con las manos vacías: no hubo soluciones concretas, solo la exigencia oficial de presentar un «nuevo petitorio formal» hoy martes a las 11:00 para continuar las negociaciones.
El reclamo: 50% de aumento o nada
La exigencia de la calle es innegociable: un incremento del 50% en los haberes. El esquema propuesto por los sectores en rebeldía desglosa la suba en un 30% directo al básico y el 20% restante en otros ítems, buscando frenar el desplome del poder adquisitivo de los uniformados.
Con las rejas del poder arrancadas y el fuego en la puerta de la Gobernación, el mensaje es claro: la paciencia se terminó y el Gobierno ya no tiene margen para dilaciones.
