Violencia en Humahuaca: la Policía ejecutó una orden judicial por tierras

Un operativo policial desplegado en Humahuaca por un conflicto de tierras entre particulares derivó en violencia, varias personas heridas y arrestos.

Frente a los hechos, desde el Gobierno de la Provincia desligaron responsabilidades al remarcar que la fuerza pública actuó estrictamente como auxiliar de la Justicia y que el procedimiento respondió a un mandato judicial firme.

Según la versión del secretario de Seguridad a cargo del área, Carlos Ariel Gil Urquiola, el procedimiento se dio en «estricto cumplimiento» de la directiva dictada por el Poder Judicial en una causa que cuenta con sentencia del Superior Tribunal de Justicia desde 2019. La ejecución ya había sido suspendida en abril y mayo tras reiteradas notificaciones previas.

Operativo con presencia de organismos de protección

Ante los antecedentes del expediente y la alta conflictividad entre las familias, el Ministerio de Seguridad montó un dispositivo que incluyó a funcionarios del Departamento de Mediación, Defensoría de Menores, la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, Asesoría Legal y Acción Social.

Desde el área de Niñez precisaron que intentaron verificar previamente la situación de los menores de edad, pero no obtuvieron una respuesta favorable por parte de la familia. Sin embargo, al momento de la intervención en el inmueble, constataron que no había niñas, niños ni adolescentes en el lugar.

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Enfrentamientos, heridos y demorados

Pese al despliegue de los organismos de contención, se registraron graves disturbios durante la diligencia que dejaron como saldo personas heridas. Entre los afectados, cuatro efectivos policiales sufrieron lesiones de diversa consideración y formalizaron la denuncia penal correspondiente por las agresiones recibidas.

En paralelo, las fuerzas de seguridad demoraron a siete personas por los incidentes. Los involucrados fueron notificados por delitos y contravenciones contemplados en la Ley Provincial N.º 5860/2014 y recuperaron la libertad tras completarse los trámites procesales.

Gil Urquiola insistió en justificar el accionar estatal señalando que las fuerzas actuaron dentro del marco de sus competencias como auxiliares de la Justicia para dar cumplimiento a lo ordenado en los tribunales.

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