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El Colectivo Mario Bosch, que nuclea a abogados y abogadas querellantes en causas de lesa humanidad, junto con una veintena de organizaciones de derechos humanos, presentó una denuncia en la justicia federal para que se investigue la responsabilidad del gobernador Gerardo Morales y otros funcionarios políticos, judiciales y policiales de Jujuy en los hechos represivos e intimidatorios ocurridos en el marco de las protestas contra la reforma de la Constitución provincial aprobada el pasado 20 de junio.
“La denuncia se motiva por el claro accionar ilegal de las autoridades de Jujuy en la persecución, encarcelamiento y en la violencia institucional que desplegaron sobre los cuerpos de quienes manifestaban sus convicciones, contra la libertad de expresión y la libertad de peticionar frente a autoridades cercenando los derechos constitucionales básicos para la real convivencia democrática”, explica el Colectivo Mario Bosch en un comunicado.
En el escrito se detallan 108 hechos ocurridos en junio, julio y agosto de este año durante las movilizaciones y protestas en rechazo a la reforma de la Constitución local, aprobada el 20 de junio.
La denuncia contiene un pormenorizado relato en el que se revela “el andamiaje normativo que desde 2015 se viene construyendo en Jujuy para anular la división de poderes”, señalan desde el Colectivo.
También mencionan “la apertura de causas judiciales en donde los imputados son aquellos que se manifiestan en contra de la reforma constitucional y de las políticas del gobernador Morales”.
Afirman que los hechos que allí se describen configuran graves violaciones a los derechos humanos: amenazas, persecución, intimidación y seguimiento de personas con vehículos no identificados, lesiones gravísimas, allanamientos ilegales, tormentos y privaciones ilegales de la libertad, aclarando que “no se trata de episodios aislados ni acontecimientos inconexos”.
Las organizaciones piden que se investigue la responsabilidad penal de autoridades y funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial de Jujuy, como también a integrantes de las fuerzas represivas de la provincia.
El requerimiento a la justicia federal, que lleva el patrocinio letrado de las abogadas Guadalupe Godoy y Dolores Aragón, integrantes del Colectivo Mario Bosch, pide que se investigue la responsabilidad penal que pudieran tener el gobernador Gerardo Morales; el fiscal de Estado, Miguel Ángel Rivas; el procurador general, Sebastián Albesa; el fiscal general, Sergio Lello Sánchez; el ministro de Seguridad, Ernesto Guillermo Corro; el jefe de la Policía de la Provincia, Horacio Herbas Mejías; el juez Rodolfo Fernández, y los fiscales Diego Funes, Walter Rondón, Rodrigo Fernández Ríos y Fernando Alancay.
También solicita que se investigue el accionar del juez Emilio Carlos Cattan y otros funcionarios judiciales por los hechos de los que fue objeto la dirigente social Milagro Sala, “con quien profundizaron el hostigamiento y criminalización que padece la militante popular detenida desde 2016”.
En la misma denuncia se describen los hechos ocurridos en el Rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy, cuando personal policial ingresó al predio en momentos en que se realizaba una reunión del Consejo Superior. En particular, pide que se indague sobre la responsabilidad de la subcomisaria Mariana Leticia Polo, el inspector Ariel Ismael Catacata, el sargento primero José Antonio Cruz y la agente Cintia Fernández.
La presentación afirma que en Jujuy fue «brutalmente reprimido» el derecho a la protesta «con la comisión masiva de una serie de delitos». Dice que los hechos denunciados «comprometen, entre muchos otros, el derecho a la integridad personal -particularmente, producto de actos de tortura-, a la libertad personal y las garantías judiciales».
«Los eventos denunciados están lejos de ser episodios aislados, tanto cuantitativa como cualitativamente -señala el texto-. No se trata de acontecimientos inconexos, ni respondieron a móviles personales de sus ejecutores: aquí se denuncian amenazas; persecución, intimidación y seguimiento de personas con vehículos no identificados, lesiones gravísimas, allanamientos ilegales, tormentos y la privación ilegal de la libertad de más de 40 personas».
Recuerdan más adelante que «el Estado argentino tiene la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos», de acuerdo a normativas internacionales. En este sentido, menciona la nota emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que el organismo expresaba su preocupación por las acciones represivas desplegadas en Jujuy, y la carta que el representante de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, le envió al gobernador Morales expresándole preocupación “por la gestión de las recientes manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad, así como por algunas de las disposiciones del texto de reforma constitucional provincial aprobado».
Tras enumerar una cronología de los hechos ocurridos en el marco del debate y aprobación de la reforma, la denuncia detalla cada uno de los episodios que motivan la presentación y las víctimas de cada uno de ellos.
Junto al Colectivo Mario Bosch, firman la presentación, entre otros:
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza; Asociación Buena Memoria; Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH); Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH); Cecim La Plata; Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Familiares Detenidos Desaparecidos y ex Presos Políticos de Santiago del Estero; Fundación Memorias e Identidades del Tucumán; Asociación Civil Comisión Permanente por los Derechos Humanos de Chaco.
