Liberaron a las personas que habían sido detenidas tras el violento operativo policial desplegado en el marco del intento de desalojo contra la Comunidad Indígena Santa Rosa, en la localidad de Humahuaca.
La medida fue ordenada por el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Juan Pablo Calderón, en base a una causa impulsada por una vecina que también integra la comunidad. Desde la familia afectada y el espacio comunitario denunciaron que la resolución ignora los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y se fundamenta en un plano irregular aprobado por la Dirección de Inmuebles.
El conflicto surge a partir de la aprobación del plano N° 0809 por parte de la Secretaría de Inmuebles de la Provincia, tramitado por Nélida Melitona Zerpa Ciares de Chauqui y su nieto, Mauricio Ciares Chauqui. La delimitación aprobada sobrepasa e invade los límites del territorio en el que habitan unas 120 familias.
Yolanda Soruco, presidenta e integrante de la Comunidad Santa Rosa, explicó en declaraciones a El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) que el organismo provincial aprobó el trazado sin realizar la consulta previa, libre e informada que exige la normativa en territorios comunitarios, y sin concretar una inspección técnica presencial.
A pesar de que el propio área de Catastro reconoció la inexactitud en la delimitación en coincidencia con las pericias encargadas por el juzgado al ingeniero Echeverría, el plano no fue anulado debido a movimientos de matrícula y transferencias de terreno realizados por la contraparte. Según expuso Soruco, el juez Calderón omitió solicitar formalmente al Registro Inmobiliario la suspensión de dicho plano, desestimando los informes técnicos incorporados al expediente.
En cuanto a los condicionantes de la causa, la referente comunitaria señaló que el abogado patrocinante de la familia solicitante es Rubén Tabarcachi, actual director de Espacios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, atribuyendo la continuidad del trámite a vínculos y favores políticos.
Durante el despliegue del operativo, que incluyó la presencia de efectivos policiales, bomberos y personal municipal, los pobladores denunciaron el cercamiento del perímetro y la exigencia de DNI a los residentes para transitar libremente dentro del lugar. Asimismo, criticaron la actuación de la jueza de Paz, Fabiola Salas, por no garantizar la protección de niños, adolescentes y adultos mayores presentes.
Frente a la ejecución de la medida judicial, distintas comunidades originarias de la Quebrada se movilizaron hasta el sector para brindar apoyo. Al haberse presentado la comunidad como tercero afectado en las actuaciones judiciales, ratificaron la defensa de la propiedad comunitaria con base en las garantías reconocidas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.