La convocatoria es para este miércoles a las 9 en la Plaza de los Inmigrantes. De allí, representantes de pueblos originarios marcharán hasta la Legislatura provincial, mientras en la Ciudad de Buenos Aires se llevará una medida similar en el Congreso Nacional. El reclamo es para que se debata y apruebe la prórroga de la emergencia en materia de posesión y propiedad de la tierra, para frenar los desalojos y evitar la expulsión de sus tierras de las comunidades.
La Asamblea abierta de pueblos indígenas en resguardo del territorio y en defensa de la vida emitió un comunicado en el que señala: «Ante la situación de público conocimiento del no tratamiento por parte el Senado de la Nación respecto de la prórroga de la Ley Nacional 26.160 de orden público, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, ratificamos que nos encontramos en alerta, movilización y asamblea permanente».
«Permaneceremos de manera firme ante las instituciones legislativas en Provincia y en Nación hasta que se prorrogue la ley 26.160, como única forma para defender los derechos consagrados en la Constitución Nacional, convenios internacionales y leyes concordantes», agregan
Recuerdan que «la problemática de la tierra en Argentina es histórica y es una problemática de todos los argentinos», y advierten: «Sabemos que si no se prorroga la ley, los pueblos originarios seremos despojados, desalojados y expulsados de nuestras tierras donde vivimos hace miles y miles de años; los senadores y diputados dejarán la zona libre para que los terratenientes actúen con total impunidad y poniendo en riesgo la vida de los habitantes».
«Entonces, si no hay prórroga, las tierras serán vendidas (como ya está pasando) y un gran porcentaje pasarán a manos de capitales extranjeros, y eso significa una pérdida de soberanía territorial como Estado argentino», concluyen.
Para la marcha convocan además a organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, sociales y a toda la sociedad para acomañar el pedido de la prórroga de la ley 26.160.
En Jujuy, son cerca de 350 comunidades y más de diez pueblos originarios que quedarán desprotesgidas, y unas 2000 comunidades en todo el país.
El reclamo no es solo para que se frenen los desalojos sino, y sobre todo, que se complete el relevamiento de las tierras ocupadas por originarios en todo el país, como ordena la norma, una tarea que se cumplió parcialmente y en una proporción mínima, dejando desprotegidas a la mayoría de las comunidades.
En la asamblea que se realizó la semana pasada, representantes de pueblos originarios de Jujuy aprobaron además una serie de actividades en la semana del 12 de octubre, que incluyen charlas debate en la Facultad de Humanidades y una caminata provincial que culminará el 11 de octubre, considerado el último día de libertad de los pueblos de América, cuando presenten un petitorio a los tres poderes del Estado.
En términos locales, además, está el reclamo por la derogación de la ley provincial 5915, que habilita el uso de tierras en posesión de comunidades con el fin de instalar plantas de energía. Otras problemáticas son la minería, la ley de bosques nativos y las amenazas y ataques que sufren comuneros de parte de terratenientes.