Ya son tres las personas que perdieron sus ojos por la violencia policial

Tras la represión policial ocurrida durante esta madrugada en el pueblo de Humahuaca, ya son tres las personas que perdieron sus ojos como consecuencia de disparos de bala de goma durante el accionar violento de la policía jujeña.

El último fue Joel Rodrigo Paredes, de 28 años, quien recibió un balazo y perdió el ojo derecho, según informó su madre, Elizabeth Sandoval.

El primero de ellos fue Mijael Lamas de 17 años, que sufrió la pérdida de visión de su ojo derecho durante la represión del 17 de junio en Purmamarca.

También Jorge Rodríguez, un trabajador de la municipalidad de San Salvador de Jujuy, perdió su ojo izquierdo en la represión policial del martes 20 en las inmediaciones de la legislatura.

   

Los hechos de Humahuaca

Durante la madrugada de este sábado, una declaración de rechazo a la reforma de la Constitución jujeña, aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante de Humahuaca, desató un operativo policial para desalojar a los pobladores que protestaban en las inmediaciones del recinto de sesiones.

Las fuerzas de seguridad locales lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma, y al menos cuatro personas resultaron heridas y debieron recibir asistencia médica. Una de ellas sufrió una lesión en su mano que le suturaron en el Hospital Gral. Belgrano de esa localidad.

«El accionar de la Policía es violento, es muy malo. Apuntaron a los ojos cuando disparaban y le tocó a mi hijo», reprochó Sandoval al comentar que Joel se encontraba apoyando la marcha, tocando el bombo junto a una banda de música, y que luego, durante los incidentes, recibió el impacto por el que tuvo que ser trasladado al hospital Pablo Soria de la ciudad capital.

El joven fue intervenido quirúrgicamente en la mañana de este sábado. Perdió totalmente la visión del ojo afectado.

En cuanto a personas privadas de la libertad, la Policía de la provincia informó a Télam que en el operativo en Humahuaca no se registraron detenciones.

Finalmente, el cuerpo de concejales terminó convocando a una nueva sesión especial en la que, por unanimidad, se resolvió el «profundo rechazo» a la reforma parcial de la Constitución jujeña, «tanto al tratamiento que le dieron los convencionales, en especial en cuanto al tiempo y la escasa participación, como en torno al texto aprobado».

Además, manifestaron su «solidaridad y acompañamiento al pueblo que se expresa abierta y muy mayoritariamente en contra de la reforma», y se instó «al Gobierno provincial a arbitrar los mecanismos de diálogo y participación adecuados para escuchar al pueblo debidamente».

“Mucha gente se dio cita anoche para ser escuchada y que los concejales se expidan en cuanto a si estaban o no en favor de la reforma. Necesitamos que todos los concejos deliberantes de la provincia se expidan”, expresó esta mañana Mercedes Maidana, quien fue la pobladora local que defendió el pedido de la declaración de rechazo a la reforma haciendo uso de la Banca 7 en la sesión del Concejo.

“Tenemos que lograr que nuevamente la Cámara de Diputados, que nos entregó avalando el tratamiento de esta reforma, se retracte y que se active el Congreso de la Nación e intervenga la provincia. Ya no podemos esperar porque ya está visto que la represión es el arma que va a seguir utilizando el Estado provincial”, dijo en una entrevista con C5N en Humahuaca.

A los casos de Lamas, Rodríguez y Paredes se suma el de Santos Manfredi, quien también recibió un disparo muy cerca de uno de sus ojos durante la represión en Purmamarca. En su caso, salvó la visión. Sin embargo, las lesiones en el rostro de las personas que protestan muestran un patrón: que las fuerzas de seguridad apuntan directamente a la cabeza, lo que está expresamente prohibido por la legislación nacional y los tratados internacionales a los que suscribió la Argentina.

Pedido de inconstitucionalidad

Ayer, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, por instrucción del presidente Alberto Fernández, presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir que se declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de Jujuy, impulsada por Morales y aprobada la semana pasada en la Legislatura provincial, que desató protestas que derivaron en una violenta represión policial.

Según el Gobierno, se trata de una acción declarativa -en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- ante la Corte Suprema para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos del texto sancionado por la Convención Constituyente jujeña al considerar que «vulneran los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad junto con la Carta Magna; así como con el Convenio 169 de la OIT».