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La Corte Suprema dejó sin efecto un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy que había prohibido la participación en reuniones multitudinarias a un grupo de dirigentes sindicales y afiliados del Sindicato de Empleados y Obreros Municipal de San Pedro de Jujuy.
Se trata de una causa originada en la Justicia de Jujuy, en la que dirigentes sindicales sampredeños del Seom, fueron excarcelados bajo la exigencia de no volver a asistir a manifestaciones públicas que incluían asambleas o reuniones de trabajadores.
Con este fallo, la Corte echa por tierra el polémico antecedente que impondría el criterio de excarcelación condicionada a libertades individuales que impuso la Justicia jujeña.
Roberto Urzagasti, Justo Pastor Leguizamón, Pilar Magdalena Ruiz y Ariel Marcelo Gutiérrez habían sido acusados de los delitos de amenazas agravadas, daños agravados y turbación al ejercicio de la función pública, en el marco de episodios ocurridos durante una movilización el 12 de febrero de 2014.
Por esas acusaciones habían quedado detenidos. Pero el Juzgado de Control de San Pedro decidió el cese de la detención de los imputados, aunque con una condición: para permanecer en libertad no debían participar de reuniones multitudinarias en el ámbito de la ciudad de San Pedro de Jujuy.
Invocando su condición de delegados, afiliados y miembros de la comisión directiva del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, los trabajadores cuestionaron dicha restricción por considerar que constituía una medida encubierta dirigida a apartarlos de las actividades que diariamente realizaban como integrantes del sindicato, vulnerando los derechos inherentes al ejercicio de la libertad sindical reconocidos por el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Alegaron que la medida era injustificada, por no ser necesaria para garantizar el normal desenvolvimiento del proceso penal, y por tanto ilegal e irrazonable.
La Cámara de Apelaciones rechazó el recurso de los imputados. Y lo mismo hizo la Corte provincial, afirmando que la restricción impuesta era razonable.
Sin embargo, este martes, la Corte Suprema -con los votos de los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti- dejo sin efecto el fallo que emitió el Superior Tribunal de Jujuy por apoyarse en una afirmación meramente dogmática y no dar una respuesta adecuada al planteo de los dirigentes sindicales y afiliados, basado en que esa prohibición de participar en reuniones con los trabajadores no se compadecía con las disposiciones constitucionales que garantizan la libertad sindical y el normal desarrollo de la gestión gremial.
La Corte señaló que el caso involucraba una restricción desproporcionada de derechos de raigambre constitucional –con aristas individuales y colectivas– sin fundamento alguno y excediendo el propósito de resguardar el proceso criminal.
Destacó además que la justicia jujeña había omitido todo análisis del art. 14 bis de la Constitución Nacional que consagra el derecho de toda persona a crear o participar en una “organización sindical libre y democrática” y establece que “los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical”. (art. 14 bis, primer y segundo párrafo). Puntualizó que de acuerdo a estas disposiciones´, el modelo sindical argentino es libre, democrático y desburocratizado, lo que impone asegurar el carácter representativo, participativo, pluralista y tolerante del régimen sindical.
El Tribunal destacó que son requisitos sine qua non de la libertad sindical el derecho de reunión, de opinión y de expresión, y enfatizó que estas libertades son “esenciales del estado constitucional vigente en la República” conforme su propia jurisprudencia.
