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Panorama: De presupuestos, ajustes y ‘blanditos’

Por Alejandro Cano. El rechazo que logró la oposición a la sanción del Presupuesto Nacional 2022 en la cámara de Diputados se convirtió en una derrota de alto costo político para el gobierno de Alberto Fernández. De izquierda a derecha, con la columna vertebral de Juntos por el Cambio, los diputados nacionales opositores lograron imponerse a la necesidad política y técnica de sancionar la línea estimativa de gastos que trazan las gestiones gubernamentales para tener una noción del control de la billetera.

Pero esta cuestión es el principal correlato de los malos resultados que obtuvo el Frente de Todos en las últimas elecciones legislativas, que a pesar del repunte en la provincia de Buenos Aires no pudo evitar la derrota electoral y este nuevo mapa en el Congreso nacional. Particularmente en aquella elección y en la manera en que se negociaron los votos de la oposición -tarea que habitualmente se realiza con cada gobernador-, quedó evidenciada la falta de muñeca del ministro del Interior, Wado de Pedro, que no pudo o no supo construir un acuerdo tácito con los caciques provincianos para asegurar por lo menos la sanción de esta ley estratégica.

Los coletazos

Luego de que el gobierno nacional se quedara sin Presupuesto 2022, en la provincia de Jujuy los cañones del “campo nacional y popular” apuntaron a la ascendente figura mediática del ex recolector de residuos Alejandro Vilca. El dirigente trotskista fue señalado por haber votado de la misma manera que la ultraderecha de Javier Milei y compañía, a pesar de que siempre fue opositor al gobierno nacional.

El lamento de las legisladoras jujeñas se leyó fuerte en redes sociales. Con algunas placas explicando y materializando la situación, Carolina Moisés transmitió a los internautas cuánto podría perder la ya marginal economía provincial.

Según la dirigente de las yungas, la provincia tendría que recibir a través del presupuesto nacional:

  • 85 millones de pesos para el Parque Nacional Calilegua y Laguna de los Pozuelos
  • casi 27 millones de pesos para la refuncionalización y ampliación del Juzgado Federal N° 1
  • 77 millones de pesos para la construcción de redes de agua potable
  • 7 millones de pesos para el camping en Fraile Pintado
  • 133 millones para la remodelación del Complejo La Quiaca-Villazón
  • 880 millones para renovar las vías del Ferrocarril Belgrano Cargas
  • 22 millones para la construcción de un centro de políticas de género.

Todas estas asignaciones habrían implicado para Jujuy un aumento del 46,6% en relación al presupuesto de 2021, en un contexto de inflación que supera ampliamente el 50% anual.

Pero esta cuestión estuvo alejada de las preocupaciones y aspiraciones presidenciales de Gerardo Morales y su círculo íntimo, que en modo festejo, con la coreografía de la jujeñidad del norte y de los gauchos de los valles, celebraba su coronación como presidente nacional de la Unión Cívica Radical. En medio de tal conquista, los más de 1200 millones de pesos que Jujuy dejará de recibir habrán sido considerados como una trivialidad.

Los diputados nacionales que le obedecen a Morales cumplieron sus órdenes y contribuyeron a voltear el presupuesto de Alberto y Cristina. Increíble escena se dio a los pocos días, cuando el mismo gobernador criticaba al conjunto de la oposición por haber votado en contra del presupuesto, en una mueca cargada de simbolismo conciliador.

Un capítulo de cierre, de alguna manera aleccionador, se dio cuando el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, dio detalles vía Twitter sobre el impacto negativo y la pérdida de ingresos económicos que implicará para las provincias la caída del presupuesto nacional.

En el caso de Jujuy, que prácticamente vive gracias a estos recursos, el panorama se presenta desalentador: una disminución de más de 5 mil millones de pesos en conceptos de bienes personales, impuesto a las ganancias y subsidios al transporte.

Ya en víspera de la navidad, Alberto Fernández firmó el decreto de necesidad y urgencia 882/2021 mediante el cual extiende y prorroga el presupuesto del 2021, lo que es considerado como una posibilidad concreta de un manejo discrecional de los fondos nacionales.

Las cuentas jujeñas

Apenas un día antes de la visita a la Legislatura de Jujuy del ministro de Hacienda, Carlos Sadir, se hizo público el presupuesto provincial en la página web institucional. Desde el bloque de Juntos por Jujuy-Frente de Todos, el diputado Juan Cardozo ya había advertido la maniobra por lo menos dilatoria del gobierno al no presentar oportunamente el documento para su correspondiente estudio.

Reunido con la Comisión de Finanzas, el ministro Sadir afirmó que para el año entrante el presupuesto local contempla un total de 203.757.353.884 pesos (que se lee como 203 mil millones de pesos, etc.). A modo general, se proyecta para el Poder Ejecutivo un ingreso de 177 mil millones de pesos; al Poder Judicial 8.600 millones; al Poder Legislativo 2.400 millones, y a organismos descentralizados 15.528 millones de pesos.

Sadir explicó que, como es habitual, su presencia en la Legislatura tuvo el objetivo de que los integrantes de la Comisión de Finanzas y demás los diputados provinciales le hicieran preguntas y plantearan dudas sobre el Presupuesto 2022. Añadió que “el presupuesto asciende para el año entrante a 203 millones de pesos e incluye toda la realización del Plan Maestro de obras públicas provinciales, del que muchas obras ya han comenzado y otras se encuentran en proceso de inicio o licitación”.

Por otra parte, indicó que la idea es trabajar fuertemente en la obra pública “con recursos propios” y con algunos préstamos que ha tomado la provincia de organismos multilaterales. “Hay un plan importante para reactivar la obra pública y la economía local -precisó-; los salarios están presupuestados según la pauta macroecónomica que envía Nación, que es del 33% de inflación, y el valor del dólar”.

El ministro dio a entender que el aumento salarial para los empleados de la administración pública provincial será el del valor estimado para la inflación, lo que implica que con sólo el 33% de aumento anual, los estatales jujeños volverán a perder poder adquisitivo, con lo que el impacto en la rueda de la economía local se sufrirá durante un período más.

‘Una vida de miseria’

La joya de la jornada fue la irrupción de una ciudadana que logró ingresar al Salón Marcos Paz y expresar con firmeza su pensamiento ante el ministro y los diputados. La profesora Graciela Jerez les endilgó a los presentes la falta de políticas públicas para la promoción de empleo para los jóvenes y el aumento de dietas a legisladores y jueces. La escena se filmó con celulares, lo que impidió que personal policial femenino retiraran a Jerez por la fuerza.

“Vivimos una vida de miseria, y capaz usted está preparando sus vacaciones”, espetó la docente, y pidió sobre todo empleo para los jóvenes.

A los diputados y diputadas de la oposición, les dijo que los veía “muy blanditos” y les reclamó que “empiecen a hacer oposición, una oposición constructiva, y no nos dejen afuera a nosotros”.

Describió sin vueltas algo nadie puede negar y que sin embargo esconden los discursos oficiales: “la situación que estamos pasando es muy mala”; “afuera hay desempleo, hay hambre y hay desocupación de jóvenes”; “afuera hay un montón de gente que se caga de hambre”.

Les reclamó que “se dejen de subir las dietas y los sueldos, y empiecen a pensar en nosotros”, y afirmó: “Yo soy profesora y sin embargo acá me ves, con una camisa y una zapatilla de mierda. Y tengo mi hijo desocupado”.

En varios momentos le habló directamente al ministro Sadir: “Concretá tu presupuesto con nosotros adentro”, le exigió.

 

A pesar del episodio, el escenario legislativo indica que el próximo 29 de diciembre se sancionará el presupuesto elaborado por el Ejecutivo con la mayoría casi automática que tiene el presidenciable Gerardo Morales en la legislatura jujeña.

El dibujo de los números requiere de la creatividad de los equipos técnicos, que muchas veces tienen tanta muñeca política como los decisores que indican cómo se va a llevar a cabo el gasto en las áreas y servicios que prestan los estados provinciales y nacional.

 

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