El 28-F vence el plazo para los familiares: Morales achica estructura

El gobierno nacional oficializó la medida que prohíbe la designación de familiares de funcionarios de alta jerarquía en la administración pública, luego de publicarla en las primeras horas de este miércoles, en el Boletín Oficial. El decreto lleva las firmas del presidente y del jefe de Gabinete Marcos Peña.

Algunas provincias rechazaron la medida, como Córdoba, Tucumán, etc, y otras como Jujuy fue mitad y mitad. Hasta ahora, sólo se suman la provincia de Buenos Aires y el gobierno autónomo de Buenos Aires. Tanto María Eugenia Vidal, como Horacio Rodríguez Larreta, están obligados por su cercanía con Macri, quien tendría pensado, durante su visita a Jujuy, convencer a Gerardo Morales, un delfín, para que se sume a la movida política-marketinera, pero el mandatario señaló que «ha planteado reducción de cargos y salarios de funcionarios, vamos a trabajar en la reducción del Poder Ejecutivo, estamos a la espera de las propuestas de los ministros, pero somos una provincia autónoma».

En la provincia, abundan los familiares del mandatario y de otros funcionarios del gabinete provioncial; otros tanto, son diputados y asesores en la Cámara de Diputados y otros tantos, son camaristas, jueces, fiscales y funcionarios en la justicia jujeña.

La Norma

El artículo 1 del texto oficial indica que «no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el presidente y vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de ministro». «Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial», aclara la norma.

«Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el artículo 1° las personas designadas mediante procesos de selección por Concurso Público de antecedentes o que cuenten con estabilidad en el cargo», agrega el decreto 93/2018.

E indica que «las personas cuyas designaciones a la fecha del presente se encuentren alcanzadas por el artículo 1° deberán desvincularse antes del 28 de febrero de 2018».

En los considerandos de la norma, el Gobierno argumentó que «asumió el compromiso de continuar mejorando la institucionalidad, la integridad y la transparencia de todas las políticas públicas que lleva adelante». «Transcurridos dos años de gestión, y efectuado un reordenamiento administrativo que ha permitido mejorar la gestión global del Estado Nacional, resulta ahora necesario adecuar nuevos criterios que sean aplicables al régimen de designaciones bajo cualquier modalidad de funcionarios públicos», completó.

Los que rechazaron la medida son las provincias de Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Neuquén, Salta y Misiones. En Mendoza, fue sancionada la Ley de Ética Pública, que impide el nepotismo, pero que aún no terminó de implementarse.

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