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Hace una semana atrás, el Superior Tribunal de Justicia designó a Clara de Falcone y Sergio Ricardo González, como miembros titulares del Tribunal Evaluador y a Beatriz Elizabeth Altamirano y María Silvia Bernal como suplentes, luego de la renuncia del entonces presidente del STJ, Pablo Baca, denunciado penalmente por abuso sexual.
La nomimación de Falcone produjo desconcierto e indignación en los circuitos y mentideros político-judiciales, porque la intención de la señera miembro del STJ es quedarse con la titularidad de la presidencia del Tribunal Evaluador y de ese modo tener la posibilidad de meter mano a las futuras nominaciones de jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial.
Cabe recordar que los integrantes del STJ, Sergio Marcelo Jenefes, Clara Aurora De Langhe, Sergio Ricardo González, Laura Nilda Lamas González, Federico Francisco Otaola, Beatriz Elizabeth Altamirano, José Manuel del Campo y María Silvia Bernal, bajo la presidencia del primero de los nombrados, consideraron en una nueva acordada dejar sin efecto la Acordada Nº 144 de fecha 16 de Diciembre de 2019, que mencionaba la composición y la designación de los representantes del Superior Tribunal de Justicia en el Tribunal Evaluador.
Ante esa situación y en uso de sus atribuciones de Superintendencia, el STJ de Jujuy resolvió la designación de los nuevos miembros que integrarán en el futuro el Tribunal Evaluador.
Falcone -a quien le queda poco hilo en el carretel para seguir siendo vocal del máximo organismo del Poder Judicial- busca aliados, bajo presión o sin ella, para tener injerencia sobre los nuevos integrantes de ese poder del estado, más allá de los concursos y de quien gane, ya que segurián siendo nominados por el dedo, con independencia de los puntajes.
Algunos afirman que cuenta con el apoyo del gobernador Gerardo Rubén Morales y con el interbloque oficialista y habría resistencia por parte de sus colegas, tanto abogados, como jueces que están matriculados en los colegios correspondientes.
«Titina» Falcone fue pieza clave del equipo que reveló Pablo Baca en sus conversaciones con Ana Juárez Orieta y tras el desarraigo (expulsión) de la presidencia del STJ. Su intención es volver a la arena política y aportar su granito en esta segunda gestión de Gerardo Morales, que será la última a menos que se reforme la Constitución Provincial.
Antes de jubilarse, Falcone quiere que queden en el olvido algunas de sus intervenciones más notables. Fue denunciada como apropiadora de su hijo y se expresó públicamente contra Milagro Sala, como cuando aseguró, sin disimulo, «no voy a permitir que sea liberada», cuando aún no hay sentencia firme contra la exdirigente social, ni en el STJ y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por su notable intervención, cuando aún presidía el máximo tribunal de la provincia, los jueces Pablo Baca, Sergio Jenefes, José Manuel del Campo, Sergio González, Federico Francisco Otaola, Laura Lamas González y Beatriz Elizabeth Altamirano la desautorizaron un día de diciembre del año pasado en un comunicado de prensa en el que señalaron que «tales expresiones exceden las atribuciones de representación de la Presidencia del Cuerpo y no reflejan la posición institucional del Superior Tribunal de Justicia».
Falcone, al igual de su sucesor, Pablo Baca, quien luego renunció acusado por abuso sexual, sostenía que la detención de Milagro Sala, quien hoy lleva más de 1600 días privada de su libertad, no obedecía a la comisión de los delitos que se le imputó sino «a la conveniencia política de sacar del medio a Sala, que tenía capacidad de movilización contra el gobernador Gerardo Morales».
Tras esos dichos y algunas acciones más, Falcone perdió apoyo. Ahora quiere ocupar un cargo para congraciarse con el mismo sector político que a fines de 2019 le soltó la mano por irse de boca. Logrado el regreso, se podrá jubilar con diez años de jueza y algún firulete más. Salvo que se vaya antes, y se jubile como diputada provincial de la UCR.
