El Senado aprobó por unanimidad la nueva ley de discapacidad con cambios acordados

La Cámara de Senadores convirtió en ley este jueves el proyecto de fortalecimiento integral del sistema de discapacidad por 71 votos afirmativos, sin rechazos ni abstenciones, tras incorporar modificaciones solicitadas por la oposición para garantizar la continuidad de las prestaciones y la cancelación de deudas con los prestadores.

De acuerdo con el texto aprobado, la norma reemplaza el esquema de emergencia por un marco permanente que asegura las prestaciones previstas en la Ley 24.901 y actualiza el régimen de pensiones no contributivas.

En ese punto, la iniciativa fija que los haberes por invalidez laboral equivaldrán al 70% de la jubilación mínima, contarán con actualización automática vinculada al índice previsional y serán compatibles con el empleo formal siempre que los ingresos del titular no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

En materia financiera y de control, la ley obliga a incluir partidas suficientes en los presupuestos anuales para que el ingreso por beneficiario no caiga en términos reales, establece un sistema de auditorías periódicas con plazos de notificación y descargo antes de cualquier suspensión preventiva, y ordena al Poder Ejecutivo publicar en un plazo de 30 días el cronograma para cancelar las compensaciones pendientes con los prestadores, cuya deuda deberá saldarse en un máximo de 90 días corridos.

Durante el debate en el recinto, el miembro informante del oficialismo, Agustín Monteverde, defendió la norma al sostener que reemplaza las prórrogas de emergencia por reglas estables y previsibles, y detalló que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el costo para 2028 en 1,2 billones de pesos, mientras que los pagos pendientes a prestadores ascienden a 278.300 millones.

Desde la oposición, diversos senadores acompañaron la sanción pese a mantener críticas hacia la gestión nacional. La legisladora Alicia Kirchner planteó la necesidad de considerar a las personas con discapacidad como titulares de derechos y no meros beneficiarios, mientras que Lucía Corpacci cuestionó los recortes previos en el programa Incluir Salud y anticipó que exigirá el refuerzo de esos fondos durante la discusión del Presupuesto 2027.

Por su parte, Jorge Capitanich y Daniel Bensusan coincidieron en la urgencia de regularizar la deuda con los prestadores y garantizar el debido proceso en las revisiones de pensiones.

Por último, los senadores Eduardo de Pedro y Juliana di Tullio acompañaron la votación pero cuestionaron duramente al presidente Javier Milei y a funcionarios nacionales por el manejo previo del área, atribuyendo el cambio de postura del Ejecutivo a cálculos electorales y a la movilización de las familias y organizaciones del sector.

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