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El exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, es indagado a partir de las 10 por las supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas en contra de personas detenidas en los penales de Ezeiza y Marcos Paz, en su mayoría exfuncionarios kirchneristas.
En tanto, el jueves, a la misma hora, será el turno de Silvia Majdalani, sospechada de haber dado la orden de colocar cámaras y micrófonos en pabellones del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y del Bonaerense (SPB).
Las declaraciones se celebran a través de la plataforma virtual Zoom en la causa que tramita ante el juez federal de Lomas de Zamora Pablo Auge y cuya investigación está delegada en los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
Es la cuarta indagatoria que deban enfrentar los responsables de la AFI del gobierno de Mauricio Macri por supuestas maniobras de espionaje ilegal.
Es que ya declararon dos veces ante el juez Auge (por el caso del Instituto Patria y por inteligencia prohibida contra dirigentes de toda índole) y ante el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla en el marco del caso D´Alessio.
A Arribas y Majdalani les llega el turno de declarar por el espionaje en cárceles justo después de que declararan los exespías que, a mediados de 2018, se encargaron de «cablear» la alcaidía de Melchor Romero, en La Plata: todos confirmaron la colocación de elementos de registro audiovisual.
La semana pasada, el exjefe del Departamento de Operaciones Técnicas de la AFI, que dependía de Contrainteligencia, Fernando Wahler, confirmó ante la justicia que se habían colocado cámaras y grabadores en Melchor Romero por orden del exjefe de Operaciones Especial, Alan Ruiz, quien le habría referido que recibió el encargo de la «señora 8», en alusión a Majdalani.
«Me solicita el pedido de instalación de equipamiento de audio y video para el establecimiento carcelario en cuestión fundamentando esa petición en la existencia de un convenio entre ambos organismos (el servicio penitenciario bonaerense y la AFI) a los fines de brindar una colaboración», sostuvo el imputado en la declaración a la que accedió Télam.
La coartada del supuesto «convenio» de colaboración choca en el expediente con un dato que lo desarticula: el cableado que había comenzado a ser tendido el 8 de agosto de 2018 debió ser retirado el 24 del mismo mes cuando fue detectado por personal de la Alcaidía que elevó una queja ante la directora que exigió que lo quitaran.
Los micrófonos y las cámaras espías colocadas en Melchor Romero fueron compradas con dinero de la AFI, mientras los agentes que las colocaron se habían presentado en el penal como miembros del Ministerio de Justicia, según surge del expediente judicial al que accedió esta agencia.
