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La Cámara baja de Paraguay aprobó por amplia mayoría y en sesión extraordinaria llevar a juicio político en el Senado a tres de los nueve integrantes de la Corte Suprema de Justicia, a los que acusa de prevaricación y mal desempeño en sus funciones.
Las dos fuerzas mayoritarias de la Cámara, el oficialista Partido Colorado y el opositor Partido Liberal -aunque no la bancada completa-, votaron enjuiciar a los magistrados Miguel Bajac, Sindulfo Blanco y César Garay Zuccolillo, que ahora deberán hacer sus descargos en el Senado, donde se necesita una mayoría de dos tercios para destituirlos. De los 77 diputados presentes sobre un total de 80, la mayoría decidió apoyar el juicio político contra los jueces de la Corte Suprema y rechazaron someter al mismo proceso al titular del Tribunal de Justicia Electoral (TSJE), Alberto Ramírez Zambonini.
Tras cuatro horas de deliberación, 59 legisladores votaron a favor de someter a Blanco a juicio, 15 lo hicieron en contra y tres se abstuvieron.
A favor del juicio político para Bajac se mostraron 57 diputados, 18 en contra y dos se abstuvieron, mientras por Garay votaron 58 a favor, 17 en contra y dos se abstuvieron.
En cuanto a Zambonini, hubo 32 votos en contra y 45 abstenciones, por lo que no será juzgado.
La Cámara de Diputados argumentó que los tres jueces incurrieron en «mal desempeño de funciones, lo que aumentó la desconfianza de la ciudadanía, creando inestabilidad en la Justicia».
Ahora el Senado debe convocar el juicio político -en una fecha todavía no decidida- para convertirse en tribunal para juzgar a los magistrados como prevé la Constitución.
En 2003 se produjo la última renovación de la Corte Suprema de Justicia, cuando siete miembros fueron removidos en otro juicio político en el Congreso.
Hace dos semanas, Víctor Núñez, otro juez de la Corte Suprema candidato a ser enjuiciado, renunció tras ser acusado de supuestos vínculos con una organización de narcotraficantes a la que se señala como responsable del asesinato de un periodista del diario ABC Color y su asistente.
Núñez llevaba once años en el cargo, el mismo tiempo que Bajac, Blanco y Garay.
Cuando Núñez era presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, la Justicia puso en libertad en 2011 a Vilmar Acosta, un ex alcalde colorado acusado ahora por la Fiscalía de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Pablo Medina y de su asistente, Antonia Almada, en octubre pasado.
La decisión de Diputados -y, antes aún, de los dos bloques mayoritarios- parece responder a un masivo reclamo de una renovación o de una reestructuración en el sistema judicial del país.
De hecho, el alcance de esos cambios forman parte del debate, al punto que los bloques de centroizquierda cuestionan que el proceso pueda limitarse a un mero cambio de nombres, en vez de avanzar hacia una reestructuración más profunda. En lo que hay coincidencia casi absoluta es en el desprestigio del Poder Judicial paraguayo.
El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el colorado Ramón Romero Roa, admitió que el sistema judicial «requiere cirugía mayor y reestructuración profunda» porque «hay una sensación de que la administración de la justicia, en esta década, no ha cumplido el rol que se espera de ella».
Su compañero de partido Oscar Tuma votó en contra del juicio porque «cuando se producen cambios de personas y no del sistema, se corre el riesgo de que las personas sean absorbidas por el sistema».
El liberal Víctor Ríos, en tanto, acusó al presidente del país, Horacio Cartes, de «una jugada estratégica» para tratar de concentrar todos los poderes y fue más allá al advertir que el actual mandatario logró lo que no pudo conseguir el dictador Alfredo Stroessner.
Según la Constitución de Paraguay, corresponde ahora que el tema pase al Senado que, por mayoría de dos tercios de sus 45 miembros, debe disponer el juicio público de los magistrados «al solo efecto de separarlos de sus cargos».
Se estima que el trámite puede ser tan rápido que hasta podría concluir antes de Navidad y, si se comprueba alguna comisión de delitos comunes, los antecedentes deberán ser elevados a la justicia.
La última vez que el Congreso promovió un juicio político fue contra el entonces presidente Fernando Lugo, en junio del 2012. El proceso, en tiempo récord, terminó con el ex obispo fuera de la jefatura del Estado, y fue leido por otros países de la región como un golpe institucional.
