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El fiscal Alejandro Maldonado salió a dar explicaciones sobre la situación que atravesó el abogado Héctor Huespe este martes. En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), el funcionario explicó que no hubo ningún arresto ni detención, y que le quitó el celular por pedido de dos de sus colegas, en el marco de otra investigación. «Yo no tengo nada que ver con eso», se excusó. En tanto, el abogado de Huespe, Luis Paz, afirmó: «Esos dos fiscales solicitaron una cadena de custodia para el celular, pero nosotros no tenemos constancia de que se haya cumplido con esa cadena de custodia».
Huespe había sido citado a prestar declaración en el marco de la investigación iniciada por los episodios de Campo Verde. Junto a un grupo de vecinos, está imputado por el delito de «usurpación con turbación de la posesión». El trámite iba a realizarse en una sala del Ministerio Público de la Acusación (MPA), mientras los funcionarios y abogados la seguirían por videoconferencia. Eso se realiza a través del Jitsi, un componente por el que la audiencia queda grabada en el sistema del Poder Judicial.
«El señor Huespe llegó, prepotente, se negaba a dar sus datos personales, se sacaba el barbijo, se lo ponía. No se podía iniciar la audiencia», relató Maldonado.
Según el fiscal, Huespe «se puso violento» cuando le dijeron que tenía que apagar el teléfono, alegando que era una audiencia pública. «Pero está totalmente equivocado -aseguró-. Me llama la atención, porque él, que dice que es abogado, debe saber que lo público no es en la etapa de investigación sino en el debate».
Maldonado explicó que «en todo caso, después él podía pedir por escrito la copia, con su abogado defensor».
En este punto, Luis Paz expresó su desacuerdo: «Es un terreno gris. La Constitución es clara: lo que no está prohibido, está permitido. Y el Código de Procedimientos no dice nada de esto».
De acuerdo al relato de Maldonado, Huespe «siguió prepotente, entorpeciendo el normal desarrollo de la justicia». Por esta razón, decidió trasladarlo a la alcaidía. «Ahí quedó por 40 minutos o menos, hasta que llegó su abogado, el doctor Paz, que pudo dialogar con él y hacerlo entrar un poco en razones para que podamos terminar la audiencia. Y se concluyó con la indagatoria», contó el fiscal.
Maldonado asegura que no se trató de una detención. «No sé de dónde saca esas cosas -dijo-. Estuvo como cualquier imputado que tiene que estar en una audiencia y no se acomoda a los preceptos que establece la justicia, en alcaidía hasta que se pueda hacer la audiencia como corresponde».
El fiscal aclaró: «En esta instancia, el señor Huespe no es abogado; es imputado. No está haciendo el ejercicio de su profesión». Y completó: «Yo lo único que hice fue pasar al señor Huespe a alcaidía hasta que llegara el doctor Paz y poder cumplir con la audiencia, nada más. No me interesa su detención ni tengo nada contra él. Yo solo quiero desarrollar el expediente hasta finiquitarlo».
Justificó luego haberle retirado el celular porque «cualquier persona que ingresa a la alcaidía no entra con sus efectos personales».
Para Paz, al no permitirle tener su celular durante la audiencia, «se ha violado el ejercicio del derecho de defensa, la posibilidad de Huespe de cotejar la prueba que había en su contra».
A la hora de explicar por qué no se le devolvió el teléfono una vez que finalizó el trámite, Maldonado descargó la responsabilidad sobre sus colegas Carlos Gil Urquiola y Diego Funes, quienes llevan la investigación de otra causa. «Ellos entendieron que correspondía preservar el celular, y me requirieron la entrega del mismo, lo cual se hizo», detalló.
«Yo no tengo nada que ver con eso -continuó el fiscal-. Terminé mi declaración, Urquiola me requirió el celular y yo, mediante el acta correspondiente, le hago entrega del mismo».
Luis Paz aclaró: «Yo no he visto, ni ayer ni hoy, ninguna orden de un juez de control que ordene el secuestro y la cautela del teléfono de mi defendido. La verdad es que los fiscales tienen facultades para requerir objetos del delito, en el supuesto caso de que el doctor Huespe haya cometido un delito».
«Él estaba llevando adelante una declaración indagatoria y en medio de eso le secuestran el teléfono, que es la principal herramienta de trabajo de los abogados -agregó Paz-. Luego aparecen estos dos fiscales y mediante acta solicitan que se haga una cadena de custodia y se traslade el celular a la otra fiscalía. Pero la verdad es que nosotros no vimos nada, ni que se haya cumplido con esa cadena de custodia».
El abogado detalló que la medida de retirarle el celular sería legítima si la persona, en este caso Huespe, hubiera estado cometiendo un delito y lo hubieran agarrado en flagrancia. «En ese caso la fiscalía saca una medida probatoria pidiéndole permiso al juez de control y comunicándole a la defensa que necesita el teléfono para mirarlo y sacar información, y el juez decide si lo permite o no. Pero acá nada de eso ha ocurrido», afirmó.
Este miércoles, Huespe presentó una denuncia penal por el episodio. «Con su teléfono secuestrado, no le dejan ejercer su profesión», señaló Paz, y agregó: «Los abogados tenemos, y en estos tiempos de pandemia con mayor razón, nuestro estudio jurídico en el teléfono. Entonces esto adquiere una gravedad inusitada».
«Hay un video donde el doctor Huespe muestra que fue golpeado. Hubo apremios ilegales dentro de la alcaidía. Cuando fui yo, se torcía del dolor», describió.
Luis Paz analizó la situación en el contexto general de la provincia: «Esto forma parte del esquema persecutorio que tiene el gobierno de Morales. No nos engañemos, digamos las cosas como son: a Morales le molesta que el doctor Huespe defienda los intereses de sectores vulnerables, le molesta que ejerza su profesión de esta manera».
«Tampoco vamos a desconocer que el Poder Judicial y fundamentalmente el MPA, son un riñón de Gerardo Morales.
Esto está claramente enmarcado en toda esta situación de 5 años en la provincia, con un gobierno autoritario de las características que estamos sufriendo los jujeños», completó.
