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El gobierno de Venezuela puso en marcha hoy un sistema para restringir el acceso de consumidores a los supermercados estatales, como vía para disminuir las colas que venían formándose frente a ellos a raíz de la escasez de productos.
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo desplegó funcionarios para que recojan denuncias en las colas frente a supermercados estatales y privados.
La cadena estatal de supermercados Bicentenario solo atendió hoy a aquellos consumidores cuyos números de cédula de identidad terminaban en cero y uno.
Paralelamente, la Defensoría del Pueblo puso en marcha hoy un «plan de atención a ciudadanos en la adquisición de productos de primera necesidad de manera regular».
La iniciativa procura «supervisar el buen funcionamiento de los servicios públicos y evaluar la cadena de abastecimiento», explicó el defensor del Pueblo, el oficialista Tarek William Saab.
Se trata de «que lleguen los productos en el momento oportuno, que lleguen los artículos de primera necesidad a través de los proveedores de la forma más rápida», agregó el funcionario.
Saab indicó que para «mejorar la atención al usuario», la Defensoría propuso que los locales de Bicentenario abran a las 7 de la mañana, atiendan prioritariamente a ancianos, discapacitados y embarazadas, y «asegurar que la totalidad de las cajas registradoras esté en funcionamiento».
El desabastecimiento de productos básicos y las colas que las personas deben hacer para conseguirlos generan una preocupación creciente en Venezuela, a tal punto que el jueves pasado el gobierno desplegó operativos de seguridad en los alrededores de supermercados y autoservicios.
El líder opositor Henrique Capriles afirmó que «el problema es que no hay suficiente comida», responsabilizó por ello a «los que están en el gobierno» y llamó a «la unión de todos los factores» porque «la racionalidad está por encima de todo».
Desde que en 2003 se instauró el régimen de control de cambios, Venezuela comenzó a registrar niveles crecientes de escasez de productos básicos, pues su industria nacional sólo puede satisfacer 40 por ciento de la demanda, según indicó el vicepresidente Jorge Arreaza en marzo pasado.
