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El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, solicitó declarar por escrito en la causa por las supuestas presiones ejercidas durante el Gobierno de Cambiemos sobre el grupo Indalo, en la que fue convocado en calidad de testigo.
La jueza federal María Romilda Servini le enviará en los próximos días un pliego de preguntas -que incluirá las propias y las que formulen las partes- para que el ministro del máximo tribunal responda por la vía elegida, según pudo confirmar Télam a través de fuentes con acceso a la investigación.
Rosenkrantz había sido convocado para el 26 de agosto a las 14, pero en la misma resolución en la que dispuso su convocatoria la magistrada había recordado que, por su cargo, el titular de la Corte estaba habilitado a declarar por escrito, para lo cual solo le pedía que tenga a bien informarlo con anterioridad a la fecha prevista.
Si bien no fue aclarado en la citación a dar testimonio, fuentes del caso explicaron que la convocatoria tiene que ver con las más de 50 llamadas telefónicas registradas entre Rosenkrantz y Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, que fueron detectadas en la investigación en la que el asesor judicial del expresidente Mauricio Macri está imputado y declarado en «rebeldía» por haberse escapado a Uruguay para no asistir a su indagatoria.
«Pepín» es uno de los principales imputados del caso: se lo acusa de haber encabezado las maniobras de presión y asfixia financiera al Grupo Indalo y a sus accionistas Fabián de Sousa y Cristóbal López.
Diputado del Mercosur, y supuesto operador judicial de Macri, Rodríguez Simón se encuentra en Montevideo desde diciembre pasado, se ausentó al último llamado a indagatoria para el cual fue citado y espera que la justicia de Uruguay determine si le concede el refugio político que solicitó, a pesar de que la Comisión de Refugiados (CORE) de ese país dictaminó en contra de ese pedido.
En el expediente ya hay un procesado, Sebastián paladino, exsubdirector de Recaudación de la AFIP entre 2016 y 2019,a quien la jueza Servini le atribuyó haber ordenado que se creara una herramienta informática con poder de control sobre todos los contribuyentes que formaran parte del Grupo Indalo.
«La conducta de Paladino, lejos está de ser considerada un acto ‘neutral’, sino que implicó llanamente un abuso de poder, aprovechándose de las facultades del organismo público, en desmedro de un grupo de contribuyentes», remarcó Servini en el fallo que Télam difundió oportunamente.
La inclusión de las empresas o contribuyentes en una herramienta semejante «no habría obedecido a un criterio objetivo, ni una especie, característica o circunstancia que hubiere permitido englobarlas bajo el sistema de consulta descrito, sino que se basó únicamente en su pertenencia al grupo económico indicado», señaló la jueza.
«Para nada se está reprochando las facultades que la Administración Federal de Ingresos Públicos tiene para fiscalizar a los contribuyentes, sino por el contrario, que su accionar esté basado en la legalidad y no la discrecionalidad y arbitrariedad de sus funcionarios», aclaró la magistrada, que instruye el expediente en el que interviene como fiscal Guillermo Marijuan.
En esta causa se investigan «diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Ejecutivo o a instancias de aquellos que, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción», según surge del expediente.
Las supuestas presiones y la asfixia financiera sobre el grupo Indalo tuvieron como consecuencia «perjuicios económicos al mencionado grupo y al patrimonio nacional», determinó la jueza.
«Esos actos habrían sido contra los bienes del grupo Indalo, como así también personales contra sus accionistas: Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián de Sousa, y habrían tenido inicio en el mes de octubre de 2015 (acentuándose a partir de marzo de 2016)», remarcó la magistrada.
De acuerdo con la investigación judicial, las presiones comenzaron después de una reunión que el entonces candidato a presidente Mauricio Macri tuvo con el empresario López el 25 de octubre de 2015, «donde este último se habría negado a poner a disposición de Macri los medios periodísticos de Indalo en contra del Gobierno que encabezara Cristina Fernández de Kirchner».
La semana pasada, además, la Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento de Néstor Sosa, exsubdirector de Auditoría de la AFIP durante la gestión Cambiemos y ordenó investigarlo.
Sosa está acusado de ser quien armó las auditorías en las que se basó la Administración Federal de Ingresos Públicos que entonces dirigía Alberto Abad -también imputado en la causa- para promover denuncias penales contra el grupo Indalo y sus principales accionistas De Sousa y López.
La decisión de revocar el sobreseimiento fue adoptada por los jueces de la sala II de la Cámara Federal porteña Roberto Boico y Martín Irurzun, quienes -sin opinar sobre el fondo del caso- sostuvieron que reabrir la investigación en relación a este imputado no significaba someterlo a un doble juzgamiento.
Sosa había sido sobreseído por Servini luego de que la magistrada invocara que una causa similar había sido archivada en el Juzgado Federal N° 2.
Por Ariel Zak, en Télam
