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El presidente Javier Milei sumó una nueva presentación judicial en su contra tras haber autorizado por decreto el ingreso de tropas estadounidenses al territorio nacional, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y traición a la Patria.
La denuncia, impulsada por el diputado de Unión por la Patria (UxP) Juan Marino, señala que el Poder Ejecutivo eludió la intervención obligatoria del Congreso de la Nación para habilitar los operativos militares conjuntos denominados “Daga Atlántica” y “PASSEX”.
Según el escrito presentado ante la Justicia Federal por el legislador, la medida representa una «subordinación a la estrategia militar de Donald Trump». La acusación alcanza también al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, al ministro de Defensa Carlos Presti, al canciller Pablo Quirno y al exsecretario de Comunicación Javier Lanari.
El eje del conflicto radica en el DNU N° 264/2026, mediante el cual se validó la permanencia de más de 350 efectivos estadounidenses por un plazo de 42 días en bases de Córdoba y Buenos Aires.
Para el denunciante, el mecanismo elegido es inconstitucional, pues viola el artículo 75, inciso 28 que reserva de manera exclusiva al Congreso la facultad de permitir la entrada de tropas extranjeras.
Por otro lado, recuerda que la Ley 25.880 prohíbe expresamente que este tipo de autorizaciones se realicen mediante decretos de necesidad y urgencia.
Bajo el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, la denuncia encuadra la conducta oficial en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y traición a la Patria, además de advertir sobre la posible revelación de secretos militares.
Críticas del arco opositor
La autorización de la presencia de efectivos estadounidenses fue cuestionada por diversos referentes de la oposición.
El exministro de Defensa, Agustín Rossi, calificó la medida de «ilegal» y la vinculó directamente con la política exterior del Gobierno. Según Rossi, el ingreso de tropas responde a una agenda de alineamiento automático que incluye la participación en el «Escudo de las Américas» y patrullajes conjuntos en el mar argentino con el Comando Sur.
Asimismo, remarcó que las Fuerzas Armadas tienen prohibido por la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa actuar en cuestiones de combate urbano o seguridad interna, ejes en los que suele instruir el programa estadounidense.
Por su parte, Agustina Propato, vicepresidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, denunció que la Casa Rosada debió haber enviado el cronograma de ejercicios anuales a principios de marzo y aún no lo ha hecho.
Propato alertó sobre una «política de flexibilización» regulatoria y señaló que, si bien la capacitación conjunta es valiosa, no se debe ignorar la capacidad de realizar inteligencia militar en suelo argentino por parte de potencias extranjeras.
Ante esto, recordó que promueve una iniciativa para limitar la permanencia de tropas de países que mantengan alianzas con Gran Bretaña o no reconozcan formalmente la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, proyecto que se encuentra frenado en el Congreso.
La presentación judicial se concretó luego de que la oposición realizara pedidos de informes y una ampliación del pedido de juicio político contra el mandatario sin obtener respuestas por parte de la administración central.
Fuente: P12
