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El juez en lo Penal Económico, Alejandro Catania, dispuso hoy que, a través de exhortos internacionales, se le requiera a Bolivia que aporte la documentación reunida por ese país en relación al envío de material represivo por parte de la Argentina en noviembre de 2019, en los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales.
El magistrado ordenó una veintena de medidas de prueba a desarrollarse en la Argentina y en Bolivia entre las que se destacan los exhortos enviados al país vecino con el objetivo de reconstruir quiénes llegaron en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 a bordo del avión Hércules 130 de la fuerza aérea argentina.
Lo que la justicia busca determinar es, también, qué fue descargado de aquel vuelo, quién lo descargó, a dónde fue llevado y que documentación existe al respecto; mientras que también se le requerirá a la justicia de Bolivia que tome, en sede judicial, los testimonios de aquellos miembros de las fuerzas de seguridad de ese país que puedan permitir la reconstrucción de los hechos, según pudo saber Télam de fuentes judiciales.
Las medidas dispuestas hoy son las primeras que ordenó el juez Catania luego de que la Cámara Federal de fuero penal Económico le asignara el trámite del expediente que en un principio había sido trabajado por el juez Javier López Biscayart.
El tribunal de apelaciones había determinado que investigue Catania porque el recibió, por trece minutos de diferencia, la primera denuncia sobre el tema, la que hizo el abogado y exjuez Eduardo Freiler; mientras que López Biscayart había recibido la segunda denuncia, mucho más completa, radicada por dos ministros nacionales, uno de ellos, Martín Soria de Justicia y su, ahora, excolega de la cartera de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.
Además de disponer las medidas de prueba, Catania emitió hoy otra resolución para que se forme un incidente a los fines de determinar si le corresponde a él seguir investigando o la causa debería pasar al juzgado en lo Penal Económico 1, a cargo de Ezequiel Berón de Astrada, dado que ese era el juzgado de turno cuando el ministerio de Seguridad inició la investigación administrativa que luego dio origen a la denuncia.
Las denuncias acumuladas en este expediente fueron presentadas el 12 de julio pasado, mientras que la investigación interna del ministerio de Seguridad, según surge de información incorporada al expediente, se inició el 8 de ese mes, por lo que ese podría ser considerado un acto de prevención, según indica la resolución con la que Catania planteó que debía evaluarse donde debe seguir la investigación.
