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La ley de paritarias «va en contra de normas internacionales, la legislación nacional y la Constitución», aseguró a El Submarino Luis Paz, abogado del Frente Unidos y Organizados (Fuyo) e integrante de Justicia Legítima, y afirmó que el gobierno de la provincia podría dar marcha atrás, volver a reunirse con los gremios estatales y buscar el consenso.
“Les deben dar muy bien las encuestas para llevarse puestos a 60 mil trabajadores”, afirmó, y citó a Milagro Sala, referente del Fuyo: “Vamos a acompañar hasta la puerta del cementerio, pero ni sueñen que vamos a entrar con ellos”.
‒Los cuatro diputados del Fuyo no fueron a la sesión en la que se aprobó la ley de paritarias. ¿Por qué?
‒Hemos analizado el proyecto de ley en el espacio de Justicia Legítima, y enviamos nuestra opinión al Frente Unidos y Organizados. La discutimos fuertemente, porque viola claramente normas internacionales, como resoluciones de la OIT, y además no compartimos la redacción y mucho menos el espíritu con el que fue redactada.
‒¿En qué aspectos?
‒La OIT establece que, para la realización de un marco paritario, es preciso que se conforme una mesa entre el patrón y el obrero, y es en esa mesa donde debió haberse elaborado por consenso una norma que luego la Legislatura debía reglamentar. En cambio, acá hay una imposición por parte del Poder Ejecutivo sobre los trabajadores. Hay dos puntos fundamentales a tener en cuenta. Primero, el derecho de huelga fue violentado contundentemente, y en segundo lugar, se imponen nuevos servicios esenciales que no están en la ley nacional ni el marco normativo de la OIT. Y no tienen facultades para modificar una ley nacional. Según la OIT, el transporte, salvo el aéreo, no es un servicio esencial, ni la seguridad. Y en el caso de la salud, si se garantizan guardias mínimas, no hay problema. El artículo 15 de esta ley dice “día trabajado, día pagado”, pero el derecho de huelga es un derecho humano fundamental para la Constitución Argentina, no lo dice el kirchnerismo sino la Constitución del 94. Pero se lo llevan puesto. Así es como esta norma va a generar una situación de conflicto innecesaria, porque los gremios pedían que no se hiciera todo tan rápido.
‒Hubo un par de reuniones, pero pareció que se hizo con apuro.
‒La provincia tiene una masa de unos 60 mil trabajadores estatales. No sé qué estarán evaluando, para llevarse puesta tamaña masa de trabajadores, al gobierno provincial le debe ir muy bien en las encuestas.
‒Este desacuerdo se suma a la discusión salarial, y todo en el marco de un año electoral. ¿Cree que se va a agudizar el nivel de conflicto?
‒Esto traerá aparejado un sinnúmero de conflictos, se va judicializar la norma, desaparecerá el diálogo, porque esto marca una confrontación con los sindicatos. Solo les da la posibilidad de negociar a gremios con personería gremial, e históricamente la provincia de Jujuy ha negociado con amplitud. La primera ley, la 4679, daba una amplitud de negociación a organizaciones representativas de los trabajadores; esa es una ley de avanzada en derechos sociales, que fue sancionada por un gobierno peronista. Yo no entiendo cómo se puede llevar adelante una norma con las características restrictivas como la que ahora está vigente, que no contempla derechos mínimos de los trabajadores.
‒El panorama no es muy alentador para el oficialismo, de cara a las elecciones de octubre.
‒Yo no sé qué hará el justicialismo, o el Frente Para la Victoria, en este sentido, pero desde el espacio de Justicia Legítima ‒que es bastante crítico del gobierno provincial y en algunos aspectos también del gobierno nacional‒, seguiremos trabajando para dar más claridad en este sentido. Esta norma enturbia el panorama para toda la provincia, porque además por analogía puede ser aplicada a convenios colectivos particulares. Y el gobierno va a ser juez y parte en los conflictos con los estatales. Para que no sea así, debería haberse creado un órgano tripartito que ejerza una suerte de arbitraje, porque la Secretaría de Trabajo forma parte del gobierno. Es una norma poco inteligente.
‒Los colectivos gremiales evalúan hacer presentaciones en la justicia. ¿Ustedes van a encarar algunas acciones?
‒Desde Justicia Legítima estamos terminando de elaborar un dictamen para que el Ejecutivo y el Legislativo tengan en cuenta nuestra opinión. A modo de colaborar con un ambiente que se está enturbiando, creemos que es posible retrotraer esto a un estado anterior, que el Ejecutivo tenga la generosidad de llamar a los representantes de sus 60 mil trabajadores para que se pueda tener en perspectiva una provincia donde sea más digno vivir. Con la capacidad política y de organización, con la inteligencia de algunos representantes sindicales, soslayar esta posibilidad es gravísimo.
‒La diputada Milagro Sala dijo que apoyaría a Eduardo Fellner para las próximas elecciones. ¿Cambia esto a partir del desacuerdo con esta ley?
‒Voy a hacer mías unas palabras de la diputada milagro sala: “Nosotros vamos a acompañar hasta la puerta del cementerio, pero ni sueñen que vamos a entrar con ellos”.
