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El otorgamiento de una suma adicional de 875 pesos para todos los empleados públicos provinciales trajo sus problemas. La dirigencia de la Intersindical de Trabajadores del Estado (ITE) se lo había advertido a funcionarios del gobierno y directivos del Banco Macro, pero no parece haber servido, ya que muchos trabajadores encontraron que la entidad aplicó descuentos en el complemento, que se depositó el viernes.
Susana Ustárez, titular de la Asociación de Personal de Organismos de Control (Apoc), explicó a El Submarino que el jueves pasado, horas antes de que el Ejecutivo realizara el depósito, mantuvieron un encuentro. “Le planteamos al gobierno, al contador Miguel Lasquera , que el agente financiero debía garantizar de forma íntegra esa suma y no realizar descuentos”, detalló.
A pesar del acuerdo que en teoría se selló en esa reunión, no se cumplió. El mismo viernes, los sindicalistas volvieron a reclamar: “Hubo inconvenientes en la extracción del dinero y a lo largo del día viernes no se pudo resolver esta situación, y nos presentamos con toda la documentación, en resguardo al derecho que deben tener nuestros afiliados”, relató Ustárez.
Los descuentos aplicados a los 875 pesos fueron diversos, según el tipo de operatorias que realizaron los trabajadores. Como sea, Ustárez afirmó: “El compañero asume ese dinero como parte de su sueldo y no como parte de la ayuda extraordinaria, que es lo que nosotros vinimos a plantear”.
Finalmente, el Macro reconoció que había tenido “dificultades operativas” y prometió emitir un comunicado explicando la situación. “Como clientes del banco, necesitamos que se nos atienda de la manera adecuada”, dijo Ustárez, y comentó que se está abriendo con la entidad “una instancia permanente de reclamos para que se vaya mejorando”.
A modo de balance del episodio, Fredy Berdeja, secretario general de la Asociación de Judiciales de Jujuy, puso el ojo en el Ejecutivo provincial: “Lo más preocupante es que el gobierno haya tenido que interceder ante la entidad financiera, lo cual nos lleva a una crítica por haber privatizado el banco provincial”.
Para el judicial, es inaceptable que “un funcionario tenga que arbitrar en una entidad como el Banco Macro”, y afirmó que “el problema está en haber dejado en manos privadas a los trabajadores del estado provincial”.
Pero también responsabiliza al gobierno por haberse “apartado de esta situación, cuando es el principal responsable de que la ayuda extraordinaria le llegue en tiempo en forma y en su totalidad a los trabajadores”, y se quejó: “No puede ser que tengamos que venir continuamente, hay que solucionar el problema de fondo, que es que el gobierno vuelva a tener un banco de la provincia”.
