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La causa que investiga al expresidente Mauricio Macri y otras figuras de su gobierno por irregularidades a la hora de suscribir el crédito por más de 50 mil millones de dólares con el FMI y por negligencia en el uso que se le dio a esas divisas, podría tener novedades en febrero, cuando finalice la feria judicial.
En los últimos días de 2021 se incorporó a la causa la evaluación que realizó el staff del FMI. Desde el gobierno nacional, consideran que el documento contiene elementos que confirman la existencia de delito en la maniobra de endeudamiento y fuga que se llevó a cabo a partir de mayo de 2018.
El fiscal federal Franco Picardi pidió que se incorpore como prueba ese informe del FMI que señala errores y faltas cometidos por la administración de Cambiemos. La fiscalía requirió a la jueza María Eugenia Capuchetti que solicite una copia del documento al Ministerio de Economía de la Nación porque su contenido «podría resultar de interés para la presente investigación dado el marco fáctico desarrollado en el requerimiento de instrucción y su respectiva ampliación».
La Procuración del Tesoro, encabezada por Carlos Zanini, presentó en diciembre un pedido para que se llame a declaración testimonial a miembros del staff del Fondo, entre ellos el entonces jefe de la misión en Argentina, el italiano Roberto Cardarelli.
La jueza María Eugenia Capuchetti tuvo presente la solicitud.
Por otra parte, la magistrada –designada durante el gobierno de Macri por su cercanía al operador judicial Daniel Angelici– aún debe decidir respecto a la citación a indagatoria a los imputados: el expresidente y los exfuncionarios del área económica Nicolás Dujovne (ministro de Hacienda), Guido Sandleris, Federico Sturzennegger (presidentes del Banco Central) y Luis “Toto” Caputo (ministro de Finanzas y ex BCRA), pedidas en noviembre del año pasado.
La causa, que unifica varias denuncias relacionadas al endeudamiento con el FMI, investiga los delitos de violación de deberes de funcionario público, defraudación por administración infiel y malversación de caudales públicos. La pesquisa también intenta averiguar quiénes fueron los que adquirieron divisas en el período en el que ingresaron los dólares del préstamo, es decir los que se beneficiaron con la fuga.
Querella criminal
En marzo de 2021, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Alberto Fernández anunció que impulsaría una «querella criminal» para investigar qué había pasado con el dinero que el FMI le otorgó al Estado argentino durante el gobierno macrista.
«He instruido a las autoridades pertinentes para que inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes fueron los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda», dijo textual.
Dos semanas después, la Oficina Anticorrupción presentó una denuncia penal contra Macri y su equipo económico –Dujovne, Sturzenegger, Caputo y Sandleris– por los delitos de «defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos» por los procedimientos aplicados en el acuerdo suscrito con el FMI en 2018. Con esos fondos, según sostiene la denuncia, los funcionarios macristas «ejecutaron un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional».
La denuncia recayó en el Juzgado a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi, quien ya estaba trabajando en una acusación presentada en 2019 en el mismo sentido por Claudio Lozano, actual director del Banco Nación.
En una entrevista que concedió a la CNN en noviembre pasado, el propio Macri admitió que «la plata del FMI la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque temían que vuelva el kirchnerismo».
Tras esos dichos, la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un escrito ante la jueza planteando que estaban dadas las condiciones para pedir la indagatoria del expresidente: «Sus propias manifestaciones denotan que el préstamo del FMI fue utilizado para un destino distinto del que fue previsto por el organismo internacional; y que el declamante, contradictoriamente, pretende negar, aunque lo admita luego de manera expresa: la generación de activos externos de libre disponibilidad (fuga de capitales)», sostuvo la Procuración.
Lozano, por su parte, dijo que la Procuración tendría que «apurar presentándose de manera sistemática y exigiendo respuestas al fiscal y a la magistrada».
