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Las organizaciones sociales regresaron este lunes a las calles para manifestar la indignación por la detención de algunos dirigentes piqueteros, durante el jueves pasado, por el violento accionar de la policía de la provincia.
Tras marchar, desde la unidad penitenciaria Nº1, ubicada en el barrio Gorriti, hasta la plaza Belgrano, se congregaron para expresar su malestar por la falta de asistencia, además de solicitar la liberación de los detenidos.
Centenares de militantes de las organizaciones sociales se juntaron ante un impresionante operativo que rodeaba la Casa de Gobierno.
Cabe recordar que siete manifestantes siguen detenidos en la cárcel de Villa Gorriti: Facundo Salvador Flores, 19 años de edad; Marcos Lucas Saravia, 21 años; Daniel David Flores, de 41 años; Miguel Ángel Sánchez, de 59 años, mientras Cecilia Corregidor, de 36 años; Alcira Zuñiga, de 53 años, y Yamila Zuñiga, de 27 años, una de ellas embarazada, están alojadas en la unidad penitenciaria de Alto Comedero.
La convocatoria fue masiva, más de ocho cuadras de personas trasladándose con carteles que pedían «Libertad a los presos por luchar contra el ajuste y basta de represión del gobierno», como las principales consignas.
En un comunicado, dado a conocer, durante un acto, este mediodía, frente a la Casa de Gobierno, “Repudiamos la violencia policial contra las y los detenidos en las distintas comisarías, física y psicológica incluyendo métodos de tortura.
También denunciamos todas las irregularidades ocurridas por parte del Ministerio Público de Acusación y la Comisaría 9na de San Pedro ocultando información a las familias y abogados, y por más de 24 horas sin permitir ver a los detenidos.
A su vez el gobierno, en los días posteriores, ha emprendido una persecución a los compañeros pertenecientes al Frente Piquetero. En la noche del viernes han prendido fuego el auto de los referentes detenidos de M.T.R Votamos Luchar y nuevamente, frente al anuncio de la movilización del lunes, Gerardo Morales dio la orden a las empresas de transporte para que trabajadores del interior no puedan venir a movilizarse a San Salvador.
Estamos ante una escalada represiva del gobierno que avasalla cualquier derecho humano y democrático de los ciudadanos. El objetivo del gobernador es amedrentar y disciplinar al pueblo que sale a luchar contra el ajuste. La represión y el código contravencional son las armas del gobierno provincial para callar todo reclamo popular que aparezca en la provincia. Hacemos responsable al gobernador Gerardo Morales de la integridad de las y los compañeros detenidos”.
