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Referentes de organizaciones que integran la Multisectorial contra el Tarifazo presentaron este martes en la Legislatura provincial un pedido de juicio político contra todos los miembros del directorio de la Superintendencia de Servicios Públicos (Susepu), por haber favorecido a la Empresa Jujeña de Energía (Ejesa) para que aplique aumentos en la tarifa de electricidad.
Por otro lado, diputados provinciales del bloque Juntos por Jujuy impulsan un pedido de informes para conocer la composición accionaria de la empresa, ante la sospecha de que funcionarios del gobierno serían accionistas de Ejesa.
El pedido de juicio político al directorio de la Susepu está dirigido al presidente de la Legislatura, el vicegobernador Carlos Haquim. En el escrito se denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público a quienes firmaron la Resolución 182 de ese organismo, que implicó el aumento en las boletas de energía eléctrica «sin el cumplimiento de los procedimientos administrativos y legales que corresponden».
De acuerdo a la presentación, patrocinada por la abogada Alejandra Cejas, esa medida perjudicó a más de 55.000 usuarios, ciudadanas y ciudadanos de la provincia de Jujuy, «configurando los posibles delitos de incumplimiento a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, preceptuados por el Código Penal de la República Argentina».
El pedido es para que se inicie el procedimiento de juicio político a Carlos Alberto Oehler y Leopoldo Hugo Montaño, y que oportunamente se disponga su destitución.
La presentación señala que luego de la audiencia pública realizada en mayo, se dictó la Resolución 182, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jujuy el 8 de agosto de 2022, «fijando tarifa retroactiva para el 1° de mayo, por lo cual es arbitraria, infundada, injustificado, desproporcionado y causa un grave daños a los ciudadanos y ciudadanas de la Provincia de Jujuy, vulnerando derechos y garantías que establece la Constitución Nacional».
En la denuncia se menciona además a Mario Pizarro, secretario de Energía de la Provincia, quien ratificó la medida dictada en la Resolución 182. «Lo cierto es que el directorio de la Susepu no pudo operar de manera solitaria para configurar el denominado ‘tarifazo ilegal'», se afirma en el texto.
Más adelante se plantea la necesidad de «conocer si el estado provincial es accionista de Ejesa», y si es así, cuántas acciones tiene el gobierno provincial y adónde van los dividendos. «En definitiva, saber quiénes son los verdaderos dueños de Ejesa es el problema de fondo, para saber si estas actuaciones son lícitas o no. Hoy no aparentan licitud», afirma la denuncia.
