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La Justicia federal procesó a un empresario por una presunta simulación en la importación de productos tecnológicos de escaso valor agregado, al declarar US$ 1,5 millones cuando su valor de plaza era de US$ 30.000 dólares. La causa se inició por una denuncia de la Aduana contra la empresa importadora KMG Fueguina S.A. La jueza Mariel Borruto también procesó a su despachante por este delito, que se investiga en el contexto de una alta brecha cambiaria.
“La Justicia Federal de Río Grande dictó el procesamiento sin prisión preventiva para el CEO de la compañía Mario Norberto Witomski en calidad de autor del delito y de su despachante de aduana Cinthia Giandomenico como partícipe necesario, con una traba de embargo sobre los bienes por $ 50 millones y $ 30 millones, respectivamente”, afirmó la AFIP mediante un comunicado.
Añadió que también se resolvió la continuidad de prohibición de salida del país ordenadas para ambas personas.
La Aduana sostiene que se aprovechó el régimen especial de Tierra del Fuego para sobrefacturar la importación y acceder a los dólares en el mercado oficial, con el presunto perjuicio fiscal de US$1,5 millones, que luego habrían sido girados a una cuenta de la empresa en el estado de Delaware de Estados Unidos, de baja tributación y que no aporta datos al régimen de intercambio impositivo entre la Argentina y ese país.
El organismo que conduce Guillermo Michel indicó que en julio, la Aduana detectó «una operación de sobrefacturación de basura tecnológica, en la cual se intentó simular la importación de productos tecnológicos cuando en realidad se trataba de materiales de escaso valor».
Mediante un operativo, el organismo consiguió recuperar US$1,5 millones.
“La maniobra ilícita fue denunciada por la Aduana ante la justicia el pasado 21 de julio y consistía en importar supuesto material tecnológico al Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego, pero que en realidad se trataba de simples cajas vacías o ‘basura tecnológica”, principalmente carcasas, para simular que se estaba enviando un verdadero producto», apuntó el funcionario.
Según explicó Michel, la mercadería tenía como origen China, pero estaba facturada por una empresa extranjera con sede en los Estados Unidos, concretamente en el estado de Delaware, y habría sido constituida el 15 de mayo de 2020. Por esta razón, la Aduana le pidió información sobre esta sociedad al organismo de control del lavado de dinero de ese país (Fincen), a través de la justicia.
“Lo que llamó la atención de la Aduana fue que las facturas que amparaban las destinaciones tenían como fecha de emisión marzo de 2020. Es decir, más de dos años antes de las supuestas importaciones e incluso dos meses antes de la creación de la propia empresa trader en Estados Unidos. Por tal motivo, estos paquetes entraron al ‘canal rojo’ y fueron exhaustivamente examinados”, precisó Michel.
Para la Aduana, “la basura tecnológica se pretendía importar a US$ 1,5 millones, cuando en realidad el valor de la ‘mercadería’ no superaba los US$ 30.000 (el valor residual del plástico y el aluminio de los equipos simulados)”.
La jueza Borruto concluyó en su resolución que “la presentación de una factura comercial emitida por una empresa radicada en los Estados Unidos, que en su detalle no representa el valor real de las mercaderías con las operaciones oficializadas, tuvo, sin más, el fin de dificultar el control aduanero y así obtener un tratamiento más favorable y un beneficio en dinero -con la creación de activos en el exterior- como resultado de la maniobra”.
“No puede desconocerse, por tanto, que los imputados obraron con la intención de engañar al servicio aduanero e impedir su debido control a través de la simulación de una operación de importación que tenía como fin ingresar mercadería diferente a la declarada por un valor superior al que correspondía y que fue declarado”, sostuvo el pronunciamiento judicial.
Al dictar el procesamiento “sin prisión preventiva” por el delito de contrabando, Borruto ordenó embargar los bienes del empresario hasta cubrir la suma de $50 millones y los de la despachante hasta alcanzar los $30 millones.
Al asumir su cargo, el ministro de Economía, Sergio Massa, había advertido sobre este tipo de maniobras y había adelantado la creación de un registro para que las empresas involucradas subsanaran sus declaraciones de importaciones durante el término de 60 días, bajo riesgo de ser denunciadas penalmente.
Según estimaciones oficiales se verificarán unas 13 mil operaciones que involucran a más de 700 compañías.
KMG Fueguina se instaló en Tierra del Fuego con el objetivo de producir cámaras fotográficas para la marca Kodak, a lo que después anexó otros productos en alianza con las empresas Ifre Sa y Centro de Informática SA, conformando así el grupo económico KMG Group. La planta fabril en Río Grande posee una superficie cubierta de 7400 metros cuadrados.
