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La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, denunció este jueves el accionar de la jueza Silvina Domínguez, a cargo de la causa por la presunta usurpaciones de predios de Parques Nacionales y particulares en Villa Mascardi por miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. Por AM750, aseguró que se violaron los Derechos Humanos de las mujeres y niños detenidos durante el operativo.
En declaraciones a La Mañana de Víctor Hugo, la funcionaria consideró que “la situación es sumamente preocupante”. Puntualmente, se refirió a las siete mujeres indígenas, de las que dos de ellas estaban con sus niños muy pequeños y una estaba embarazada, que fueron detenidas la madrugada del 4 de octubre por orden judicial.
“Sabíamos que se habían presentado varias excarcelaciones. Presentamos un escrito en la causa haciendo saber el riesgo que corría esta mujer embarazada. Ayer a la tarde tomamos conocimiento de que se habían rechazado las excarcelaciones”, explicó la ministra, que alertó sobre los motivos por los cuales esta medida fue rechazada.
“Las mujeres están incomunicadas hace 48 horas. Las excarcelaciones fueron descartadas porque no tiene designados abogados particulares, pero está vinculada a la incomunicación. Es un círculo perverso. No pueden evitar la posibilidad de tener un abogado o abogada. Tenemos derecho a contar con una defensa. La magistrada negó ese derecho. Y cuando piden una medida a su favor la niegan”, añadió, enfática, a la denuncia.
El asunto no finaliza ahí, sino que tiene aún otro agravante: “Ayer a la tarde dispusieron además el traslado de cuatro de ellas a la cárcel de Ezeiza de mujeres con la justificación de que no hay cárcel de mujeres en la zona. Cuatro mujeres trasladas a 1500 kilómetros de donde viven, sin haber tenido contacto con un abogado y sin saber qué se les imputa”. Argentina ya tuvo en 2019 un fallo judicial internacional en contra por exactamente el mismo procedimiento.
Gómez Alcorta añadió que este miércoles por la noche la detenida que está atravesando un embarazo fue trasladada a un hospital tras haber iniciado lo que creía que era el trabajo de parto. Sin embargo, en contra de las normativas nacionales que rigen en el país, se impidió el acceso de una partera de confianza y un parto digno. “No la dejaban entrar acompañada. Estamos hablando de una mujer detenida hace 48 horas. Una coordinadora del ministerio fue al hospital, pudo explicar que las leyes no pueden depender de una jueza y autorizar a ingresar a una partera”, explicó al respecto.
Pese a que en un principio trascendió que la mujer había dado a luz, se confirmó que se trató de un cuadro de contracciones provocado por el estrés que estaba atravesando.
Apuntando a la magistrada, Gómez Alcorta concluyó: “Todo lo que estamos mencionando son decisiones de una jueza. Es preocupante porque además escala una conflictividad lamentable. Los problemas no se resuelven de este modo», y sobre el operativo llevado adelante por las fuerzas federales, dijo: «No tengo conocimiento de irregularidades. Sabemos que el ingreso fue sin armas letales, que es parte de los protocolos”.
La intervención del Ministerio
En tanto, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad difundió un comunicado detallando la intervención en la situación de Villa Mascardi.
Gómez Alcorta y su gabinete ministerial, aseguran, se encuentran siguiendo el caso desde el primer momento e interviniendo activamente para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres indígenas detenidas «ante el incumplimiento por parte del Poder Judicial de la legislación vigente y los pactos internacionales de los que la República Argentina forma parte».
«Frente a las graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres detenidas, el día de ayer 5/10, el MMGyD presentó un escrito en la causa, para hacer saber su preocupación sobre el riesgo de vida que corre la mujer que se encuentra embarazada», señalan.
También el miércoles, la coordinadora del Programa Acercar Derechos (PAD) en Bariloche se hizo presente en el hospital y tomó intervención luego de que una de las mujeres tuviera que ser trasladada a un centro de salud por posible trabajo de parto y ante la negativa de que pudiera estar acompañada tal como prevé la ley de parto humanizado.
La misma funcionaria se encuentra coordinando el trabajo con el equipo del programa de acceso a la justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Durante este jueves, la subsecretaria de Programas Especiales de Violencia por Razones de Género del MMGyD, Carolina Varsky, y la directora nacional de Acceso a la Justicia, Florencia Sotelo, se harán presentes en la unidad penal de mujeres de Ezeiza para tomar contacto con las mujeres detenidas que fueron trasladadas, para conocer su situación y evaluar cursos de acción.
Además, el MMGyD presentará un nuevo escrito judicial en el que se manifestará la preocupación por las violaciones a los derechos humanos de las mujeres trasladadas a Ezeiza y de sus familiares en virtud de lo sostenido en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “López contra el Estado argentino” del 25/11/2019, por el que se prohíbe el traslado de personas a distancia de su lugar de residencia donde residen.
