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El Poder Legislativo de la Nación deberá responder a la justicia federal de Oberá, Misiones, a partir de una demanda presentada por la comunidad Mbya Guaraní Tape Mirí, que exige que se cumpla su derecho a la consulta previa, libre e informada sobre el proyecto del Súper RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias).
La Comunidad Mbya Guaraní Tape Mirí presentó una demanda exigiendo su derecho a la consulta previa, libre e informada frente al proyecto legislativo conocido como Súper RIGI. Ante este reclamo, el Juzgado Federal de Oberá intervino ayer de forma urgente y ordenó correr traslado al Poder Legislativo de la Nación, que deberá responder a la acción judicial en un plazo de once días hábiles.
La acción judicial exige al Congreso el cumplimiento de sus obligaciones de acceso a la información ambiental, transparencia y participación ciudadana, incluyendo la consulta previa indígena.
El juez federal Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga dispuso tramitar la causa como un «proceso sumarísimo» bajo el expediente FPO 39913/2026. La letrada patrocinante de la comunidad, Bárbara Beatriz Bertola, fundamentó la urgencia de esta vía procesal para evitar que «las demoras tornen ilusoria su tutela» y reservó el derecho de accionar contra la validez de las normas que se dicten omitiendo estas instancias obligatorias.
De acuerdo con la presentación judicial, el Estado nacional está incumpliendo de forma deliberada con sus compromisos constitucionales y convencionales. La demanda aclara que no se cuestiona la conveniencia política o económica de la ley, sino la omisión sistemática de los informes técnicos, las evaluaciones estratégicas de impacto y los mecanismos de consulta pública que deben preceder de manera obligatoria a regulaciones de esta magnitud en materia de recursos naturales, energía y transformaciones territoriales.
En paralelo, el tribunal envió a despacho para resolución el pedido de intervención como Amicus Curiae (Amigo del Tribunal) presentado por el especialista Eduardo Dvorkin, bajo el patrocinio de la abogada Clea Maguire. El experto aportó un informe científico enfocado en las graves incidencias y el impacto que tendrían en el sistema energético y ambiental determinadas actividades promovidas por el Súper RIGI, con especial énfasis en la instalación de mega data centers.
El Estado se está sustrayendo de forma deliberada de sus obligaciones constitucionales y convencionales. El Súper RIGI involucra recursos naturales y transformaciones territoriales críticas que exigen, por ley y de manera indispensable, una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.
La comunidad pide el trámite urgente porque las demoras legislativas y procesales pueden tornar ilusoria la tutela de los derechos. «El Estado no puede avanzar a ciegas con el Súper RIGI sin garantizar antes el acceso a la información y la participación de la comunidad en la formación de las leyes», afirman.
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Pedido de audiencia pública
Las demandas de comunidades de distintos puntos del país es acompañada por el colectivo que reclama que se realice una Audiencia Pública sobre el proyecto Super RIGI. Para ello, difundieron un formulario de adhesión al que se puede acceder desde aquí.
Entre los argumentos, plantean que el proyecto de Súper RIGI propone un régimen de promoción de inversiones con una vigencia de 30 años que podría tener un fuerte impacto sobre el uso de los recursos naturales, el ambiente y las economías regionales.
«Por la magnitud de las decisiones que involucra, consideramos imprescindible que la ciudadanía pueda acceder a información completa, expresar sus opiniones y participar del debate antes de que el Congreso avance en su tratamiento», señalan.
Recuerdan luego que las audiencias públicas son una herramienta de participación democrática que fortalece la transparencia y permite que las voces de la sociedad sean escuchadas en asuntos de interés colectivo. «Por eso solicitamos al Congreso de la Nación que convoque, con carácter urgente, a una Audiencia Pública previa al tratamiento del proyecto».
