Cartelización de la obra pública: Cambió el fiscal que citó exfuncionarios y empresarios liberados

Luego de que el juez de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública, Rodolfo Miguel Fernández, otorgara el cese de detención para las trece personas involucradas durante el jueves de compadre, fueron citados al Ministerio Públco de la Acusación para conocer, con lujos de detalles, la conducta delictiva que se les atribuye a de cada uno de ellos.

Cabe recordar que estuvieron casi una semana detenidos en la sede del GEOP, ubicada en el barrio de San Pedrito, por estar involucrados en un hecho de fraude a la administración pública.

Se trata de exfuncionarios provinciales y empresarios acusados formalmente de defraudación al estado e incumplimiento a los deberes por el fiscal Walter Rondón, luego de un dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas, quien los acusó de “cartelizar la obra pública” en la provincia.

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El nuevo fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, rechazó la resolución del juez Fernández y se presentó en la Cámara de Apelaciones Penales para que se revoque la decisión.

Tras la liberación de los trece imputados, Funes los citó para que comparezcan el lunes próximo en la sede fiscal, “donde conocerán en detalle las conductas delictivas de cada uno”.

Según la investigación penal preparatoria, los hechos ocurrieron entre febrero de 2014 y octubre de 2015, donde los involucrados habrían direccionado la licitación de distintas obras públicas a cuatro empresas exclusivas, y aparentemente no las habrían realizado.

Además, figura en el expediente que se hacían entre cuatro o cinco licitaciones aplicadas en un mismo día, siempre a estas cuatro empresas.

Rodrigo Insausti, Néstor Berardi, Héctor Merlo, José Luis Huespe, Felipe Huespe, Andrea Huespe, Carlos Bizzi y Guillermo Fiad están imputados por asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración, varios hechos en concurso real. Mientras que Luis Cosentini, Jorge Luis Vergara, Nicolás Herrera Liprandi, José Ignacio Mónaco, Fortunato Abdala y otras personas a establecer, son investigados por fraude a la administración pública, asociación ilícita e incumplimiento a los deberes de funcionario público.

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