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El 3 y 4 de este mes se hizo en Santiago del Estero una reunión de la que participaron organismos de derechos humanos, víctimas, testigos y querellantes de diversas provincias, de la que surgió un documento en el que expresaron su preocupación por retraso en el juzgamiento de cómplices civiles de la última dictadura, y en particular por la falta de mérito que benefició a Carlos Blaquier y Alberto Lemos en el marco de la causa que investiga la represión ocurrida en julio de 1976, conocida como Noche del Apagón.
Inés Peña, referente de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Jujuy, comentó a El Submarino que en el encuentro se analizó “el contexto político de los juicios por delitos de lesa humanidad y las estrategias a implementar de cara al nuevo contexto eleccionario”.
Adelantó además que la semana próxima se presentará un pedido de juicio político a los tres camaristas de la Sala 4 de Casación, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Encabeza el pedido el abogado Mario Bosch, de Chaco, con el acompañamiento de 200 abogados querellantes en causas de lesa humanidad de todo el país”, indicó.
“Queremos que la Corte analice el fallo de Casación y determine. Recordemos que Ricardo Lorenzetti dijo en una acordada que el Estado nacional se comprometía a dar celeridad a los juicios. Entonces esta resolución de la Sala 4 conspira contra el espíritu de la continuidad de la investigación de la justicia ante nuestros pedidos, y le da impunidad a los empresarios”, señaló Peña.
Explicó que en la reunión de Santiago del Estero hubo también avances para aunar criterios, con el fin de que los pasos no sea solo jurídicos sino también políticos. “La idea es nacionalizar la Marcha del Apagón e instalar una carpa frente a la Corte Suprema, que tiene que decidir el resultado de esta paralización de los juicios a Blaquier. Vamos a exigir que responda a este pedido de los organismos, y si no lo hace recurriremos a los organismos internacionales”, aseguró.
Resultados de la reunión
El «Colectivo contra la impunidad, por más Memoria, Verdad y Justicia», afirma en el documento que la falta de mérito que benefició a Blaquier «constituye un nuevo ejemplo de la resistencia de muchos miembros del poder judicial al juzgamiento de los ideólogos y cómplices civiles del terrorismo de Estado».
El documento aprobado por organismos de derechos humanos, sociales abogados, víctimas, testigos y querellantes de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, La Plata, Buenos Aires y Rosario señaló que la resistencia de una parte del Poder Judicial al juzgamiento de coautores o cómplices civiles de los represores «se reitera en las distintas jurisdicciones» e instancias por las que atraviesan los juicios.
Además del caso de la represión en Libertador Gral. San Martín, mencionan en el documento la causa contra Marcos Levín, dueño de la empresa de transportes La Veloz del Norte, de Salta, en la que la Cámara de Apelación desconoció denuncias de 15 víctimas para el procesamiento del empresario.
El documento alienta el pedido de juicio político a los integrantes de la Sala 4 de la Cámara de Casación Penal y sostiene que «la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la responsable de la resolución que revierta este fallo que perpetua la impunidad».
Los firmantes del documento reiteraron su «interés en las decisiones de la justicia sobre los restos de los compañeros y compañeras hallados en el Pozo de Vargas y en Arsenales Miguel de Azcuénaga en Tucumán, el pedido de juicio político al juez Piedrabuena en la Rioja y el tercer juicio en Catamarca».
Otro tema que preocupa y que se consigna en el escrito es la demora en la constitución de un tribunal oral en Santiago del Estero, el hostigamiento de testigos en las causas donde se juzgan a los empresarios y civiles, y la necesidad de la inmediata apertura de los archivos de las fuerzas de seguridad y administrativos nacionales y provinciales, así como los eclesiásticos y del Estado vaticano.
