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Este viernes se cumplió la quinta jornada de paro docente por tiempo indeterminado en la provincia y la semana culminó con una impresionante marcha de antorchas. También hubo marcha en Tilcara, Perico, San Pedro, Humahuaca, Libertador, entre otras localidades.
La misma había sido convocada por los gremios educativos Adep, Cedems y Sadop y la movida fue acompañada la comunidad educativa, sectores sociales, políticos y sindicales, como así también por dirigentes de los organismos de derechos humanos, que se movilizaron por las calles céntrica de la capital jujeña y finalizó en la plaza Belgrano, frente a la casa de gobierno.
Reunión técnica
Antes de la marcha, el gobierno convocó a una mesa técnica a los principales dirigentes sindicales del sector, tratando de impedir la marcha, pero no pudo conseguirlo.
Audiencia judicial: Habeas corpus preventivo
En tanto, la dirigencia del gremio de los profesores fue convocada a una audiencia en el juzgado de control penal de Gastón Mercau, tras haber presentado en la justicia provincial un habeas corpus preventivo colectivo de cara a la movilización convocada para los días 9 y 12 de junio.
Concurrieron a la audiencia, la secretaria general del Cedems, Mercedes Sosa, junto a la secretaria de Finanzas, Silvana Muñoz. Ambas fueron patrocinadas por el abogado Luis Paz y sus colegas, Lorena Mamani y Natacha Freijo, en representación de Andhes.
El objetivo es garantizar la seguridad de los manifestantes porque, se explica en el escrito, existen denuncias concretas de un despliegue desproporcionado de fuerzas policiales con el fin de evitar una expresión libre y democrática de un grupo de ciudadanos, concretamente de todos los docentes de Jujuy.
En el escrito judicial, expresan que “tememos por nuestra libertad ambulatoria e integridad física, al ejercer legítimamente el derecho a protestar en la provincia, en razón del hostigamiento, intimidación y control desproporcionado y permanente de parte de las fuerzas de seguridad provincial.
De la audiencia, también estuvieron presentes, el ministro de Seguridad, Guillermo Corro y el Fiscal Diego Funes.
Sosa le manifestó al juez que “nos encontramos en un contexto provincial, en el que manifestaciones sociales conmemorativas como el 8 de marzo por el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, las fuerzas policiales reprimieron a las manifestantes cuando llegaban a la casa de gobierno, ello bajo la orden: “No se ocupa la calle, por lo menos frente a casa de gobierno”.
Incluso, Mónica Cunchila, mamá de Iara Rueda, víctima de femicidio, fue arrastrada por mujeres policías., ejerciendo violencia de género. Esto justifica la preocupación actual de los docentes de sufrir represiones y/o detenciones ilegítimas”.
El magistrado ordenó al Ministerio de Seguridad y al Ministerio Público de la Acusación que produzcan informes sobre las nuevas denuncias por amedrentamiento que se ventilaron en la audiencia, como, por ejemplo, el pasado 16 de abril, que el cuerpo de infantería de la policía de la provincia ingreso a la sede del Cedems, sin orden de allanamiento y sin identificación y ante la denuncia de las autoridades ante el fiscal Funes, hasta nada hizo para investigar la ilegalidad del hecho.
