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El juez Rodolfo Fernández le concedió al ex fiscal de Estado Miguel Ángel Rivas la probation y una reparación económica de 3 millones de pesos para su expareja, Fabiana Checa, en el marco de la causa iniciada por la violencia de género que ejerció el exfuncionario durante 20 años.
Para este martes está prevista la audiencia en la que el juez notificará a las partes de su decisión. El abogado Julián Martín Palmieri, que representa a Fabiana Checa, adelantó que van a recurrir esta resolución, reafirmando el rechazo que ya habían expresado en coincidencia con la fiscalía.
El Juzgado Especializado en Delitos Económicos y Contra la Administración Pública de la provincia de Jujuy, a cargo de Rodolfo Miguel Fernández, declaró procedente la suspensión del proceso a prueba -conocida como probation- en favor de Rivas, acusado de amenazas y lesiones graves psicológicas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.
La resolución, notificada este lunes a la querella, rechaza los planteos de oposición que formularon tanto el Ministerio Público de la Acusación (MPA) como la víctima y querellante en la causa, Fabiana Checa.
El fiscal interviniente se opuso al pedido de la defensa, ejercida por Federico Llermanos, argumentando que era necesario un acuerdo previo suscrito entre las partes para su posterior homologación. Sin embargo, el juez Fernández rechazó esa postura y dijo que la suspensión del proceso a prueba es un derecho que le asiste al imputado, y cuya concesión o denegatoria recae de forma exclusiva en el control de legalidad del juez como tercero imparcial.
Previo a conocerse la resolución del juez Fernández, la propia Fabiana Checa había ratificado en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) su categórico rechazo a la propuesta del imputado: «Lo de los 3 millones de pesos es una burla hacia mí, hacia la justicia y hacia la sociedad; él cree que porque tiene un poco de poder puede pasar sobre todo».
La víctima remarcó que «20 años es mucho» y reclamó la realización del debate oral: «Hay que poner un freno y decir ‘ya está’. El juez tiene que decidir si le da a él esto de pagar los 3 millones o nos da la posibilidad de que empiece el juicio».
«Yo en algún momento le dije al juez que hoy capaz podría no estar sentada acá. Te empujaron de la escalera mal, caíste mal y no la contaste. Como me pasó a mí, le pasa a varias mujeres», afirmó Checa.
Los delitos por los que está acusado Rivas implican que, de realizarse el juicio oral y público, podría recibir una pena de entre 3 y 10 años. Sin embargo, para el juez será suficiente que el imputado pague apenas 3 millones de pesos en tres cuotas y concurra a un hogar escuela por solo 3 meses, cuatro horas por semana.
‘Delitos de gravedad importante’
Entre sus argumentos, la fiscalía también fundó su rechazo invocando el precedente «Góngora» de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el artículo 7° de la Convención de Belém do Pará, aduciendo que los delitos imputados entrañan un «conflicto de gravedad importante» que exige la realización de un juicio oral y público.
Al respecto, el juez fundamentó que el criterio de «Góngora» no resulta de aplicación automática o mecánica en todos los casos de violencia de género, debiendo evaluarse las particularidades del hecho concreto. Indicó que la causa ya atravesó una exhaustiva Investigación Penal Preparatoria (IPP) que garantiza la tutela judicial efectiva y el deber estatal de investigar.
En su resolución, el magistrado valoró que Rivas carece de antecedentes penales, que no posee causas pendientes y que la convivencia con la denunciante cesó en el año 2019 sin que se registraran nuevos incidentes ni reiteraciones desde esa fecha hasta el presente.
Durante las audiencias previas, la víctima expresó su disconformidad con la propuesta de Rivas, señalando que el daño ocasionado era «irreparable», y rechazó la propuesta económica presentada por la defensa.
Sobre este punto, el fallo aclaró que la normativa del artículo 76 bis del Código Penal exige un ofrecimiento de reparación «en la medida de lo posible» como muestra de voluntad superadora del conflicto, sin que ello implique confesión, asunción de responsabilidad civil ni exigencia de una reparación integral, reservándose para esto último las acciones de la vía civil.
Reglas impuestas por el juez
Para mantener el beneficio de la suspensión del proceso a prueba por el lapso de 12 meses, el juez dispuso que Miguel Ángel Rivas cumpla estrictamente con una serie de pautas de conducta, bajo apercibimiento de revocación inmediata y envío a juicio oral.
Por un lado, el exfiscal de Estado debe abonar la suma de tres millones de pesos en tres cuotas mensuales, abonándose la primera dentro de los 5 días de quedar firme la resolución.
El juez aceptó también la propuesta de la defensa de Rivas de realizar tareas comunitarias 4 horas semanales durante un período de 3 meses en las dependencias del Hogar Escuela.
Además, impuso una estricta restricción de acercamiento y abstención de realizar cualquier acto intimidatorio en contra de la víctima o su grupo familiar, de forma personal o por redes sociales y medios digitales.
FInalmente, Rivas deberá continuar con tratamiento psicológico, y presentarse todos los meses ante la Oficina de Control de Medidas de Coerción, Probation y Ejecución Penal del MPA.
En su resolución, el juez Fernández dijo que la condición de funcionario del imputado no implica que obstaculice la medida, fundamentando que los supuestos ilícitos investigados pertenecen a la esfera privada y no guardan relación directa con el ejercicio de la función pública.
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