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El proceso de reforma constitucional en Jujuy tiene «problemas de legalidad y de legitimidad», evidencia «retrocesos» en materia de derechos humanos y «afecta a sindicatos y a organizaciones que reclaman por mejores condiciones de vida y derechos laborales», afirmó el CELS en una carta que presentó ante la Convención Constituyente de la provincia.
El texto, que lleva la firma también de otras 11 organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional y Serpaj, remarca su «preocupación ante los retrocesos en derechos humanos que propone la reforma de la constitución» de Jujuy.
«El proceso de reforma constitucional se concretó en poco tiempo, sin la participación ni el debate necesario y tiene problemas de legalidad y de legitimidad. De entrar en vigencia, derechos fundamentales como el de la protesta, se verán afectados», alertó el documento.
Además, los organismos denunciaron que entre las modificaciones a la Carta Magna jujeña que impulsa el gobernador Gerardo Morales está la «eliminación» de los derechos de los pueblos indígenas, «como si no existieran».
«Siete pueblos indígenas solicitaron formalmente ser escuchados y que se apliquen los principios de consulta previa, pero no fueron recibidos. En un contexto en el que defender la naturaleza constituye una amenaza, resulta de vital importancia asegurar los derechos de las personas, comunidades y organizaciones que defienden el ambiente, en tanto uno de los eslabones centrales de la vigencia de la democracia», expresaron.
También, señalaron que la reforma «también afecta a los sindicatos y organizaciones que reclaman por sus condiciones de vida y derechos laborales» y, por eso, ahora esos reclamos «se hacen escuchar en las calles de la provincia», en alusión a las protestas de las últimas semanas.
