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El juicio oral por las maniobras financieras vinculadas a las firmas Los Sauces y Hotesur avanzó este viernes con la exposición final de la Unidad de Información Financiera, organismo que actúa como querellante y que señaló directamente a la expresidenta Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita.
Según la acusación expuesta ante el tribunal, la estructura familiar operó entre 2009 y 2016 mediante una ingeniería societaria destinada a reciclar dinero proveniente de la obra pública y otros negocios estatales.
Para darle apariencia legal a esos fondos, la inmobiliaria Los Sauces habría firmado contratos de alquiler simulados con empresarios beneficiados por el Estado, logrando así un crecimiento patrimonial exponencial con ingresos cercanos a los 26 millones de pesos.
En la asignación de roles dentro de la presunta organización, la querella ubicó a Máximo Kirchner, ex presidente de la firma inmobiliaria, como organizador y coautor del esquema de lavado de activos, junto a su hermana Florencia y al fallecido ex mandatario Néstor Kirchner en la cadena de beneficiarios. Además, sumó para la expresidenta el cargo de aceptación de dádivas.
El foco en los negocios del Grupo Indalo
Durante la jornada de este viernes, los representantes de la UIF pusieron la lupa sobre las operaciones mantenidas con compañías ligadas a Cristóbal López y Fabián De Sousa, puntualmente Álcalis de la Patagonia y M&S.
La querella sostuvo que ambas firmas utilizaron locaciones ficticias con sobreprecios que oscilaron entre el 100 y el 150 por ciento para justificar el traspaso constante de dinero hacia la sociedad de los Kirchner.
Por estas maniobras, el organismo imputó tanto a López y De Sousa como a Lázaro Báez en calidad de organizadores de la asociación ilícita y coautores de lavado de dinero, sumando para los titulares del Grupo Indalo la acusación por ofrecimiento de dádivas.
