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Un alto mando del Ejército de Brasil planificó un complot con el edecán del expresidente Jair Bolsonaro para dar en noviembre de 2022 un golpe de Estado, intervenir militarmente las cortes de justicia y electorales y evitar la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, según conversaciones de WhatsApp reveladas este viernes que forman parte de una causa judicial.
Los chats, expuestos por la revista Veja, se desprenden del proceso que lleva adelante el Supremo Tribunal Federal y surgen de intercambios que mantuvieron el detenido exedecán de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, con el exvicejefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente coronel Jean Lawand Junior, actualmente agregado militar en la embajada de Washington.
Premiado por Bolsonaro con ascensos meteóricos dentro del Ejército y especialista en entrenamiento de misiones terrestres, Lawand Junior aparece hablando con Cid sobre cómo el presidente debía dar la orden a las Fuerzas Armadas para desconocer la victoria de Lula y poner al país bajo administración militar.
«El presidente tiene que dar la orden, hermano. Una orden así no puede no ser cumplida. Convenza al 01 de salvar al país. Estamos en una lucha. Si no actuamos (Bolsonaro) terminará en la Papuda (cárcel de Brasilia)», dice uno de los mensajes enviados por Laward a Cid.
Cid está preso desde el 17 de mayo, acusado de haber violado los registros del Ministerio de Salud sobre la vacunación contra la Covid-19 para permitirle al expresidente viajar a Estados Unidos el 30 de diciembre pasado, dos días antes de dejar el poder.
El exedecán está acusado también de hacer maniobras a favor de Laura, la hija de 12 años del líder ultraderechista brasileño que públicamente hizo campaña en contra de inocularse ante la pandemia, pero que necesitaba algún tipo de certificado público para ingresar a Estados Unidos y cumplir lo exigido por las autoridades de ese país en el marco de las restricciones sanitarias que existían en ese entonces.
Según Cid, Bolsonaro no confiaba en que la cúpula del Ejército iba a desconocer las elecciones y dar un golpe de Estado contra Lula, que el 30 octubre del año pasado logró un triunfo en segunda vuelta.
«El presidente no puede dar una orden si no confía en el ACE (Alto Mando del Ejército)», respondió Cid a Lawand.
Las investigaciones que lleva adelante el Supremo Tribunal Federal sobre el fraude en la libreta de vacunación de Bolsonaro derivaron, así, en una trama golpista que se encaja con la intentona del 8 de enero pasado, cuando seguidores del exmandatario asaltaron la sede de los tres poderes en Brasilia.
Más de 1.100 personas están acusadas de participar de los ataques y de financiar los movimientos que tuvieron adhesiones en diferentes grados del Ejército.
Tras esas acciones, Lula removió a su jefe del Ejército, en la primera gran crisis que marcó la herencia militarista del gobierno de Bolsonaro, un excapitán que puso a las Fuerzas Armadas en el primer nivel del gobierno.
Ante la revelación de la revista Veja en base a documentos oficiales, Lula se mostró «irritado» con la permanencia de Lawand como agregado en Washington, cargo por el que cobra unos 5.000 dólares mensuales más gastos corrientes, indicaron medios locales.
El teniente coronel fue designado allí por el Ejército, ya bajo el gobierno de Lula iniciado el 1 de enero pasado.
Los documentos exponen que Lawand le dijo al edecán que en el plan estaba involucrado el general Edson Rosty, entonces subjefe de Operaciones Terrestres. Según este militar, el Ejército no se iba a mover si Bolsonaro no lo ordenaba.
Lawand dijo a Veja que desconocían las tramas golpistas, pero que tenía una relación amistosa con el detenido exedecán de Bolsonaro.
En los mensajes, Lawand también sostuvo que los mandos medios del Ejército apoyarían un golpe de Bolsonaro, si bien la cúpula no se subiría a esa acción.
Según la revista, uno de los documentos encontrados por los agentes en el celular de Mauro Cid se titulaba «La Fuerza Armada como poder moderador». En él se presenta un plan basado en la controvertida -e infundada, para los especialistas- tesis de que los militares podrían ser convocados para arbitrar los conflictos entre los poderes, con el cierre del Supremo Tribunal Federal y la detención de los jueces.
Según el plan almacenado en el celular de Cid, Bolsonaro debería remitir las supuestas inconstitucionalidades practicadas por el Poder Judicial a los mandos de las Fuerzas Armadas. Los militares, entonces, podían nombrar un interventor investido de poderes absolutos.
Estos documentos están en poder de Alexandre de Moraes, el juez de la corte suprema que investiga las acciones golpistas del 8 de enero.
Por la intentona está detenido, con arresto domiciliario por cuestiones de salud, el exministro de Justicia de Bolsonaro Anderson Torres, quien en el momento se desempeñaba como secretario de Seguridad de Brasilia, designado por el gobernador de la capital, el bolsonarista Ibaneis Rocha.
Torres tenía en su vivienda documentos con el mismo plan golpista para desconocer la elección vencida por Lula e iniciar una intervención militar en el Tribunal Superior Electoral para denunciar -falsamente- el fraude en las urnas electrónicas.
Bolsonaro tuvo que declarar ante la Policía Federal sobre lo ocurrido el 8 de enero, a raíz de que estando en EEUU publicó en Facebook un video en el cual se afirma que Lula ganó con fraude, alimentando con noticias falsas la teoría de una manipulación electoral.
El expresidente argumentó que estaba internado en el momento de la publicación y bajo los efectos de la morfina, y que por lo tanto se trató de un error.
El dirigente del Partido Liberal se enfrenta a partir del 22 de junio al juicio ante el Tribunal Superior Electoral que puede inhabilitarlo electoralmente ante la acusación de ejercer un «abuso de poder» cuando desde el Estado convocó a más de 100 embajadores para denunciar la fragilidad del sistema electoral brasileño, antes de las elecciones de octubre.
Las tramas golpistas paralelas del bolsonarismo están siendo investigadas por la corte suprema y, en ese marco, el juez Moraes ordenó ayer allanar los domicilios y el despacho en el Congreso del senador Marcos do Val.
Bolsonarista, Do Val, que se presenta como instructor de la fuerza policial estadounidense Swat, sostuvo públicamente que participó de un plan para intentar apartar al juez Moraes de las investigaciones.
