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Las graves acusaciones reveladas en Bolivia en torno al operador argentino Fernando Cerimedo expusieron la existencia de un mercado transnacional dedicado a la intervención y manipulación de procesos electorales en la región. «Si la manipulación cruza fronteras, la democracia también debe aprender a defenderse más allá de ellas», advierten referentes políticos y del ámbito jurídico articulados en el Grupo de Puebla, que elaboraron una propuesta integral de gobernanza digital para América Latina y el Caribe.
La iniciativa busca garantizar la trazabilidad del financiamiento de las campañas electorales, incluidos los espacios en plataformas digitales; obligar a identificar contenidos generados o modificados con IA; proteger datos de resultados electorales, y transparentar los contratos y el financiamiento de las encuestadoras.
El documento advierte que las normativas nacionales resultan insuficientes ante estructuras operativas y presupuestarias que cruzan fronteras, y propone la creación de un mecanismo regional técnico, permanente e independiente destinado a transparentar el financiamiento y el uso de tecnologías en las campañas políticas.
La iniciativa toma como antecedente las recientes revelaciones en Bolivia sobre operaciones de manipulación transfronteriza y advierte que las normativas nacionales resultan insuficientes para abordar estructuras operativas y presupuestarias que trascienden las fronteras. Para contrarrestar esta vulnerabilidad, el espacio toma como referencia el Reglamento 2024/900 de la Unión Europea, el cual exige la identificación de los patrocinadores de la publicidad política y fija límites al uso de datos personales sin regular los contenidos.
El proyecto sugiere que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), junto con la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), coordine la puesta en marcha de esta herramienta antes de finalizar el año, articulando su aplicación en torno a cinco pilares: la trazabilidad del financiamiento transfronterizo; la transparencia en plataformas digitales; la regulación del contenido generado o modificado con IA; la implementación de procedimientos para evitar la suplantación de identidad de órganos electorales oficiales o la difusión de cómputos paralelos, y la exigencia de hacer públicos los contratos y las fuentes de financiamiento de las empresas encuestadoras durante los 24 meses previos a una elección.
Gobernanza e instancias internacionales
La propuesta enfatiza que la gestión de este mecanismo debe recaer en los organismos electorales nacionales bajo la coordinación de Uniore, garantizando su autonomía e impulsando la colaboración activa con autoridades financieras, de telecomunicaciones, de protección de datos y el sector judicial. Asimismo, se explicita que la fiscalización respetará las garantías del debido proceso, centrándose de forma exclusiva en la trazabilidad y la identidad de los actores, sin ejercer censura ni evaluación oficial sobre el contenido de los mensajes.
A nivel internacional, los firmantes proponen elevar este conjunto de estándares ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y requerir al Secretario General un informe especializado sobre desinformación, financiamiento transnacional e injerencia tecnológica en las democracias.
El documento completo
Las graves acusaciones reveladas en Bolivia en torno a Fernando Cerimedo desnudan un problema regional: existe un mercado transnacional de servicios destinados a intervenir y manipular procesos electorales. Mientras el dinero y las plataformas digitales cruzan fronteras, nuestras leyes no alcanzan a enfrentar la realidad global de las campañas electorales. Es urgente avanzar en transparencia, coordinación y fiscalización para determinar quién paga, cuánto, desde dónde y con qué instrumentos.
La Unión Europea ya legisló en esta dirección con el Reglamento 2024/900, vigente desde el 10 de octubre de 2025, que obliga a identificar quién financia la publicidad política y restringe el uso de datos personales para segmentarla, sin regular el contenido de los mensajes.
Proponemos que la CELAC, en coordinación con la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), impulse antes de que termine el año un Mecanismo Regional de Trazabilidad Digital Electoral, técnico, permanente e independiente.
- Trazabilidad transfronteriza del dinero. Todo pago o contrato desde o hacia el extranjero destinado a publicidad, consultoría o servicios digitales electorales deberá identificar al pagador real, al proveedor, el monto, el país de origen y destino de los fondos y, cuando corresponda, al beneficiario final.
- Transparencia de las plataformas. Durante los períodos electorales, repositorios públicos que informen quién pagó la publicidad política, cuánto, con qué alcance y bajo qué criterios de segmentación, además de reportes sobre redes coordinadas no auténticas.
- Identificación de contenido sintético. Todo material generado o alterado mediante inteligencia artificial y usado como propaganda electoral deberá identificarse como tal, con responsabilidad para quien lo produzca, financie u ordene con fines engañosos.
- Protección de la autoridad electoral. Ningún cómputo, proyección o conteo privado podrá presentarse como oficial. Deberán existir mecanismos rápidos contra sitios o cuentas que suplanten a las autoridades electorales o atribuyan carácter oficial a resultados que no lo tienen. La causal es la suplantación, nunca el contenido.
- Transparencia de las encuestadoras. Publicación de los contratos y de quienes los encargaron y financiaron durante los 24 meses previos a la elección.
La gobernanza técnica contará con UNIORE y organismos electorales nacionales, preservando su autonomía, y promoverá cooperación con autoridades judiciales, financieras, de protección de datos y telecomunicaciones y con las plataformas digitales.
Estos compromisos se aplicarán con debido proceso y control judicial, sin afectar a quienes reproduzcan contenidos de buena fe ni habilitar la evaluación oficial de contenidos.
Proponemos llevar este estándar a la Asamblea General de las Naciones Unidas y solicitar al Secretario General un informe sobre injerencia digital, financiamiento transnacional y manipulación tecnológica de procesos electorales.
Si la manipulación cruza fronteras, la democracia también debe aprender a defenderse más allá de ellas.
Firmas:
José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de Gobierno de España
Alberto Fernández, expresidente de Argentina
Ernesto Samper, expresidente de Colombia
Marco Enríquez-Ominami, coordinador del Grupo de Puebla
Oriol Junqueras, exdiputado europeo y presidente de Esquerra Republicana de Catalunya
Cecilia Nicolini, parlamentaria del Mercosur, Argentina
Carlos Ominami, exministro, Chile
Camilo Lagos, presidente Fundación Progresa, Chile
Esperanza Martínez, Senadora de Paraguay
Monica Xavier, exsenadora y Expresidenta del Frente Amplio, Uruguay
Carlos Tomada,exministro de trabajo, Argentina
Eduardo Valdés, diputado Nacional, Argentina
Andrés Arauz, exministro y excandidato presidencial, Ecuador
Paola Pabón, prefecta de Pichincha, Ecuador
Hugo Martínez, excanciller, El Salvador
Roberto Sánchez, exministro y excandidato presidencial, Perú
Ricardo Patiño, excanciller de Ecuador
Iván Cepeda, Senador de Colombia
Johanna Ortega, Diputada Nacional, Paraguay
Ana Isabel Prera, exministra de cultura y exembajadora, Guatemala
Aída García Naranjo, exministra de la mujer y desarrollo social, Perú
Juarez Tavares, abogado – BRASIL
Virgilio Hernández, abogado y político – ECUADOR
Silvina Romano, historiadora y comunicadora social – ARGENTINA
Elizabeth Gómez Alcorta, abogada – ARGENTINA
Harold Correa, abogado y consultor– CHILE
Larissa Ramina, abogada – BRASIL
Enrique Santiago, político y abogado – ESPAÑA
Gerardo Pissarello, político y jurista – ESPAÑA
Baltasar Garzón, jurista – ESPAÑA
Claudio Nash, abogado y consultor– CHILE
Giselle Ricobom, abogada – BRASIL
