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El Tercer Malón de la Paz realizó una jornada de protesta, durante este martes y solicitan la intervención del Poder legislativo «ante el avance de causas penales y contravencionales» contra comuneros que rechazan la nueva constitución que rige en Jujuy y fue impulsada por el gobierno provincial de Gerardo Morales.
Los pueblos originarios marcharon hasta la Legislatura y la sede del Ministerio Público de la Acusación, donde se pronunciaron ante las autoridades de ambas instituciones.
«Pedimos a los diputados y diputadas provinciales que intervengan porque estamos sufriendo persecuciones, allanamientos y juzgamientos como lo hicieron con el abogado Alberto Nallar y otros compañeros con multas millonarias», señaló Natalia Machaca, una de las referentes del Tercer Malón de la Paz.
Las acciones judiciales y contravencionales avanzan en perjuicio de los denominados «maloneros», quienes mantienen la oposición a la reformada Carta Magna provincial.
«Nos parece injusto que se lleven adelante esas sentencias solo por defender a la Pachamama y por querer agua limpia y no contaminada» en zona norte de la provincia, agregaron sobre la situación actual que encaran los activistas.
Portando las banderas Wiphala, los comuneros se expresaron con permanentes cánticos como «pueblo escucha, únete a la lucha», u otros relacionados a la histórica resistencia indígena para desterrar la opresión de los gobernantes.
En tanto, Machaca, detalló que las multas enmarcadas por el «delito de sedición son de al menos 7 millones de pesos y por cortar rutas denunciaron que esa cifra se eleva hasta los 15 millones de pesos».
«Salimos nuevamente a la calle para que el pueblo se entere lo que está provocando el gobernador Gerardo Morales en Jujuy».
En el mismo sentido los manifestantes denunciaron que en las últimas semanas se advirtieron «amenazas de desalojo» dirigidas a campesinos de la Finca El Pongo, cercana a la ciudad de Perico, al tiempo que se «activaron otras causas penales y contravencionales».
«Nuestro equipo jurídico también está sufriendo la persecución por defendernos -continuaron- y debemos decir que, desde La Quiaca hasta Palma Sola, los hermanos sufren algún tipo de hostigamiento de tipo política», agregaron finalmente.
El pasado martes, la justicia jujeña condenó a tres años y seis meses de prisión al abogado de derechos humanos Alberto Nallar, quien brindaba asesoramiento legal a quienes participaron de las masivas protestas que se desarrollaron a través de los cortes de ruta y otras manifestaciones en la provincia contra la modificación de la constitución local.
Otra de las causas iniciadas a raíz de una denuncia del Ejecutivo provincial, en proceso de investigación alcanza a unos 23 manifestantes acusados por el presunto delito de «homicidio culposo» tras la muerte en julio pasado de una turista en la localidad de Abra Pampa.
