La exsecretaria de Legal y Técnica en el gobierno de Alberto Fernández, Vilma Ibarra, aseguró este miércoles que el DNU 70/23 es «nulo» porque no fue redactado por funcionarios públicos, sino en estudios jurídicos privados.
En un hilo publicado en la red social X, Ibarra explicó que «los estudios jurídicos privados están para asesorar a los privados y no para redactar decretos del Poder Ejecutivo Nacional», y que este aspecto es un «causal de nulidad» del decreto firmado por el presidente Javier Milei.
«En el DNU 70/23 no participaron los ministerios, no emitieron informes técnicos que expliquen el interés público comprometido ni hicieron dictámenes jurídicos. ¿Quiénes lo redactaron? La respuesta es central porque se pone en juego la validez del DNU como acto administrativo», señaló la exfuncionaria.
En este sentido, remarcó que «un DNU debe ser confeccionado, dictaminado y firmado por funcionarios públicos», quienes «están sometidos a los controles de la ley de Ética Pública» y «deben presentar cada año una declaración jurada patrimonial pública», lo que permite conocer su evolución patrimonial.
«Además, están alcanzados por regímenes de incompatibilidades y de conflictos de intereses. Este último régimen los obliga durante un tiempo, incluso luego de dejar la función pública, para evitar que los intereses privados influyan en las decisiones públicas», continuó Ibarra.
Luego plantea: «¿Qué controles se aplican a los abogados de estudios jurídicos privados? ¿Cómo podemos controlar su evolución patrimonial o la de sus clientes beneficiados por el DNU? ¿Tienen algún régimen de incompatibilidades o restricciones por conflictos de intereses?»
Y completa: «La respuesta es NO. Porque los estudios jurídicos privados están para asesorar a los privados y no para redactar decretos del PEN».
«Si se comprueba que el DNU no lo trabajaron funcionarios sino abogados de estudios privados, es una grave causal de nulidad», asegura.
Explica luego que en ese caso «habría que investigar posibles hipótesis delictivas por corrupción», y pregunta: «¿Quién les paga o les pagó? ¿Les retribuyen con los beneficios que algunos obtendrán con la aplicación del DNU?»
«También deberá investigarse el posible incumplimiento de deberes de funcionarios», agrega.
Para apoyar su análisis, Ibarra recuerda que ante un pedido de información de la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público, el Poder Ejecutivo Nacional reconoció «que el DNU 70/23 se dictó sin informes técnicos ni dictámenes jurídicos de los ministerios ni de la SLYT», y concluye que «está admitiendo que se violó la ley de Procedimientos Administrativos 19.549 (art. 7)».
«Que un decreto que contiene más de 360 artículos y deroga y modifica decenas de leyes de fondo no haya cumplido con la ley de Procedimientos Administrativos (arts. 7 y 14) es también una causal de nulidad», sentencia la exsecretaria.
Y aclara: «No son meras formalidades. Son requisitos exigidos para que los actos administrativos estén avalados con la firma de funcionarios responsables de su legalidad, con informes técnicos que los sustentan y justifican. Son necesarios para el control del Congreso y de la Justicia».
«Estas violaciones legales graves traen aparejada la nulidad del DNU conforme nuestra ley de Procedimientos Administrativos Nro. 19.549 (art. 14)», puntualiza.
Por otro lado, señala que estas irregularidades «también determinan su inconstitucionalidad».
«Ni necesidad ni urgencia. Avasallamiento de la división de poderes. Sometimiento total del Congreso de la Nación al PEN», concluye.
Los estudios jurídicos privados están para asesorar a los privados y no para redactar decretos del Poder Ejecutivo Nacional. Causal de nulidad. Abro hilo. 👇🏼 pic.twitter.com/2ECpHts8Ld
— Vilma Ibarra (@VilmaIbarraL) January 17, 2024
Con esta detallada explicación, Ibarra reforzó lo que ya había expresado en diciembre pasado, cuando advirtió sobre tres alarmas: el avance sobre la división de poderes, la autoría del documento y la validez constitucional de un decreto que no avance sobre un aspecto en particular sino sobre un amplio marco legal que rige la vida social y económica del país.
En esa ocasión, la exfuncionaria afirmó que se trataba de una «decisión inconstitucional, antirrepublicana y que inicia un camino de autoritarismo».