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Referentes nacionales de la docencia universitaria y de organismos de derechos humanos presentaron hoy ante la justicia provincial un «amicus curiae» para pedir por la libertad de las dos personas que permanecen hace más de un mes con prisión preventiva por replicar posteos sobre el exgobernador Gerardo Morales.
Se trata de una comitiva de la «Coordinadora Nacional por la libertad de Nahuel y Roque», conformada para acompañar a las familias de los detenidos, que exigió que «se respete la libertad de expresión en la provincia».
«Es incompresible la cantidad de días que llevan detenidos», expuso la secretaria general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu Histórica), Francisca Staiti, quien forma parte de la comitiva con agenda hasta mañana en Jujuy.
En el Ministerio Público de la Acusación MPA de Jujuy realizamos la presentación de un amicus curiae de apoyo a la defensa por las detenciones ilegales y arbitrarias de Roque y Nahuel, hace un mes detenidos por tuitear por decisión del fiscal Rondón y del juez Assef. pic.twitter.com/2l8GuWcGoH
— Natalia Morales (@NatuchaMorales) February 6, 2024
En conferencia de prensa detalló que además de la presentación del «amicus curiae», para ser parte de la causa, tenían por objetivo reunirse con autoridades del Ejecutivo provincial, para lo cual realizaron pedidos de audiencias, pero no «fueron otorgadas».
En tanto, comentó que buscaron reunirse con autoridades del Poder Judicial, marco en el que fueron recibidos esta mañana por el Procurador General del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez.
En torno a la reunión, Antonio Rosselló, secretario de Asuntos Sociales de la Conadu Histórica, detalló que apelaron a que «el Ministerio Público desista de mantener la prisión preventiva», ya que «se están violando derechos esenciales», entre ellos, el de los hijos de ambos detenidos, que «están sufriendo una presión psicológica terrible y la carencia de derechos alimentarios».
«Vemos una disparidad tremenda. Supuestamente, por los chistes -las publicaciones de los detenidos- se dice que se ha agraviado a una menor, mientras los menores de ambas familias están siendo sometidos a esto», reprochó Roselló al indicar que «hay una falta de equilibrio en el accionar de la Justicia».
En tanto, apuntó que los imputados «están en cuestión el derecho a manifestarse y la libertad de expresión» y denunció una «persecución sistemática sobre las organizaciones sociales y sindicales que se está enfrentando no solo en Jujuy sino a nivel nacional».
«No hay conductas típicas en el Código Penal nacional para que la detención tenga sustento legal», aseveró.
Tras visitar en el penal de Gorriti a Roque y Nahuel cerramos una importante jornada con la delegación de la Coordinadora por la libertad de los #PresosPorTuitear en Jujuy. Presentamos amicus curiae, audiencia con el fiscal Lello Sánchez y con Comité contra la tortura Liberta ya! pic.twitter.com/4BMA0o58qu
— Natalia Morales (@NatuchaMorales) February 6, 2024
«Parece ser que en Jujuy hay daño psicológico solo para algunos», sostuvo, por otro lado, Alicia Montoya, integrante de Misión de Solidaridad y Derechos Humanos, quien contó que es la tercera vez que le toca viajar a Jujuy a ver «como sistemáticamente se violan derechos», en referencia también a las protestas generadas por la reforma constitucional provincial en junio del año pasado.
La comitiva está integrada por referentes de Conadu Histórica, CTA Autónoma, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), de la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata (Adulp), de la Misión de Solidaridad y DDHH, de ADIUNSa, entre otros, que se mostraron junto a familiares de los detenidos y referentes de distintas organizaciones a nivel local.
Nahuel Morandini, docente universitario, junto a Humberto Roque Villegas, trabajador independiente, son los dos detenidos, desde el 4 y 5 de enero pasado, ello luego de que replicaran, de forma irónica, versiones que durante los últimos días de diciembre circularon en redes sociales y en diarios digitales locales sobre una supuesta infidelidad de la esposa del exgobernador Morales.
Fueron imputados por el artículo 139 inciso 2 del Código Penal de la Nación, que prevé 2 a 6 años de prisión al que «por cualquier acto alterare o suprimiere la identidad de un menor de 10 años».
