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El gobierno de Jujuy modificó su régimen impositivo, a partir de la cual se empezará a cobrar un impuesto a toda la mercadería que ingrese, egrese o pase por su territorio, a cuenta Ingresos Brutos, un tributo que cobran las direcciones de rentas en los distritos.
La decisión política llega luego de que el gobierno nacional avanzó con una batería de recortes sobre los fondos que enviaba a las provincias.
La medida alcanza tanto a alimentos, como carne vacuna, porcina y de pollo, harinas, huevos, arroz, aceite, cerveza y fideos, como a artículos que ingresen a zonas fronterizas o que provenga de ferias mayoristas o predios de similares características, sin importar de qué rubro sean.
La decisión, que ya entró en vigencia, se comunicó a través de la Resolución General Nº 1661, la cual fue publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial de la provincia y lleva la firma de la directora de rentas local, Marcela Beatriz Figueroa.
La administración del gobernador Carlos Sadir, crea “un Régimen de Pago a Cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos respecto de los productos y/o mercaderías que ingresen y/o egresen a la Provincia de Jujuy o se trasladen dentro de ella, por cualquier medio, para su compraventa, remisiones entre fábricas o sucursales, y/o entregas en depósito o en consignación”.
El impuesto deberán pagarlo todos aquellos que “remitan o trasladen por sí o por intermedio de terceros” cualquiera de los alimentos o productos mencionados, siempre que “cuyo destino sea la comercialización”, con “excepción para las localidades de La Quiaca, Susques, o las que se habiliten en el futuro (zonas fronterizas y francas)”.
Para estar en regla, los contribuyentes incluso deberán presentar una declaración jurada, completando el Formulario F-207 que se encuentra en la página web de la Dirección Provincial de Rentas, y generar el volante para efectuar el pago o seleccionar algún medio habilitado para hacerlo digitalmente.
En el documento, la persona deberá indicar datos como el origen y destino de los bienes transportados, la identificación del responsable del pago a cuenta del impuesto a Ingresos Brutos, identificación del transportista, tipo de vehículo utilizado y su patente, entre otros puntos.
En los considerandos, el Ejecutivo provincial fundamenta que “resulta necesario establecer un mecanismo que permita asegurar el cobro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, dada la envergadura e importancia fiscal que adquieren estas actividades”.
Lo cierto es que esta medida se anunció en el marco del fuerte ajuste fiscal que inició el Poder Ejecutivo Nacional y que afectó también a las provincias, a partir de, por ejemplo, la eliminación de los subsidios al transporte en el interior del país, un fondo que contemplaba unos 102.000 millones de pesos.
