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El gobierno de Javier Milei activó a partir de este 1 de abril la desregulación del mercado de la yerba mate, con lo cual se prevé que el precio del paquete en las góndolas de ese producto vital por tradición cultural y económica de los argentinos trepará a valores imprevisibles en los próximos días.
La decisión que dejó el mercado a la buena del dios de la oferta y la demanda estaba en incluida en el cuestionado DNU 70/2023 y entró en vigencia con un ítem clave: la eliminación de la potestad que tenía el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para negociar y fijar los precios.
Lo que hasta hoy hacía ese organismo era establecer los precios de referencia en defensa de las cooperativas de productores frente a las grandes industrias. Durante la zafra o cosecha garantizaba a las cooperativas de productores un valor que cubriera sus gastos mínimos y les dejara un margen de ganancias.
El último valor del kilo de yerba cosechada fijado por el INYM fue de 370 pesos. Esa hoja verde tomada durante la zafra luego es llevada a secaderos donde después de un largo proceso de estacionamiento, deshidratación (canchado) y picado es vendida a un valor de 1.406 pesos. Lo que hacen las industrias es comprarla, elaborarla, envasarla y venderla.
A pesar de esos valores de referencia fijados por acuerdo de comercialización, el paquete de un kilo llega a las góndolas con un precio cuatro, cinco o más veces superior.
Más para la industria, menos para los productores
Lo que hace la desregulación activada por el gobierno de Milei es eliminar ese acuerdo precios establecido por el INYM y darle más poder a las industrias para presionar a los productores con precios más bajos, de modo tal que ellas puedan aumentar sus márgenes de ganancia pagando menos por la materia prima.
“Cuando inicia la zafra gruesa los productores tenemos la necesidad de vender porque si no la hoja cae y se pierde. Entonces el poder de negociación del productor es muy bajo porque la industria sabe que tenemos que vender”, explicó el titular del INYM, Jonás Peterson.
Entonces, prosiguió, lo que hacía la intervención del INYM era iniciar una negociación y fijar un precio para que las industrias no se aprovechen de esa desventaja y hagan una oferta interesante.
Es decir que el problema lo tiene el pequeño productor. “El grande mal o bien cosecha todo el año. El pequeño hace en un corto lapso y (lo que pueda obtener) tiene que durarle para todo el año”, explicó Peterson durante una entrevista radial.
“Entonces –concluyó-, si hoy hay un mal precio, va a vender mal y cerrar el año en una situación muy complicada.”
Golpe al bolsillo
El argumento del gobierno de Milei es que la entrega de ese mercado a la ley de la libre oferta y demanda le abrirá las puertas a una competencia de precios que favorecerá a los consumidores con mejores precios. Sin embargo, el problema es que la desregulación no favorece al eslabón del productor sino al de los grandes establecimientos.
“Yo nunca vi que los valores en las góndolas defiendan al consumidor cuando las condiciones les favorecen a la industria”, puntualizó Peterson. “Generalmente –continuó- sigue pagando más el consumidor y ganando menos el productor.”
Por eso, el impacto de esta liberación de precios se sentirá en breve y con fuerza en las góndolas y en los bolsillos de los consumidores.
Pero el zarpazo al INYM no vino solo del gobierno nacional sino también de la provincia de Corrientes. En su afán de apoyar a la administración de La Libertad Avanza (LLA), el gobernador radical Eduardo Valdés dio respaldo a esa medida que daña la raíz cooperativista de la industria yerbatera en esa provincia.
Los productores ya vivieron una experiencia similar. Durante el gobierno neoliberal de Carlos Menem se eliminaron también los organismos que, por negociación y acuerdos, regulaban el mercado: la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) y el Mercado Consignatario Nacional de la Yerba Mate Canchada.
Fueron días y meses con protestas de yerbateros en las rutas y las calles. Hasta que tras la caída del gobierno de la Alianza se activó uno de los dispositivos que calmó esas aguas, la creación del INYM, hace 22 años.
Ahora, comparó Peterson, las expectativas vuelven a ser malas. “Con esta desregulación, el productor siente mucho temor de volver a vivir en los ’90”, cuando un gobierno similar eliminó la intervención de una institución “que lo defendía” de los sectores más poderosos del mercado.
Página/12
