La Suprema Corte de Jujuy admitió que los vecinos de Abra Pampa intoxicados con plomo tienen derecho a una indemnización, pero hizo responsable a la Municipalidad local, dejando afuera al Estado provincial. La abogada Alicia Chalabe advirtió a través de un extenso análisis que, por el contrario, el Ejecutivo provincial es «la única autoridad competente para autorizar y controlar la actividad minera». También pone el foco en que el fallo de la Corte no ordena ni exhorta nada sobre la remediación de la fuente de contaminación.
El pronunciamiento del máximo tribunal jujeño, dictado el 4 de noviembre de 2026 por la Sala I Civil, Comercial y de Familia en el marco de un reclamo iniciado en 2005 por quienes entonces eran niños, confirma el fallo de Cámara y traslada a un municipio de escasos recursos toda la carga indemnizatoria de una causa que lleva más de dos décadas.
En su análisis del fallo, plasmado en un escrito de 10 páginas, Chalabe señala como positivo que la Corte reconozca el daño en la salud de los demandantes, que está respaldado por pericias médicas, bioquímicas y ambientales que no fueron impugnadas, y rechace que el municipio se desentienda de su responsabilidad local por proximidad y participación inicial. No obstante, advierte que existe una contradicción porque todo el peso económico de esa responsabilidad recae finalmente en el nivel de gobierno con menores competencias y recursos.
Chalabe subraya que Metalhuasi operaba como una fundidora vinculada a la actividad minera, cuyas escorias constituyen un pasivo minero bajo órbita provincial, y recuerda que el propio tribunal admitió el rol del Estado provincial en los convenios de remediación y la vigencia del principio de responsabilidad compartida.
Por otro lado, observa que la resolución de la Corte jujeña omitió aplicar estándares de derechos humanos y ambientales vigentes, como la Opinión Consultiva OC-23/17, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Acuerdo de Escazú, además de apoyarse en una escala de incapacidad anclada en un umbral de plombemia de 10 µg/dl, que fue superado, ya que actualmente no hay nivel de plomo en sangre que se considere seguro.
Finalmente, advierte que el fallo no ordena ni exhorta medidas concretas y con plazos para concluir la remediación del pasivo ambiental ni para vigilar la salud de la población expuesta.
«La causa deja una tarea pendiente: una acción colectiva de recomposición contra la Provincia de Jujuy, que obligue a terminar la remediación y a vigilar la salud de la población expuesta», afirma Chalabe.
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Abra Pampa reclama justicia tras 20 años de abandono y secuelas irreversibles por el plomo
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