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El Senado aprobó la Ley de Tierras: Desalojo express

Con 42 votos afirmativos y 26 negativos, la Cámara alta sancionó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La flamante norma restituye la plena vigencia de la Ley de Tierras Rurales, agiliza los trámites de desalojo y fija condiciones más estrictas para las expropiaciones estatales.

El respaldo en el recinto provino de La Libertad Avanza, el Pro, la Unión Cívica Radical, Provincias Unidas, Convicción Federal, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y la chubutense Edith Terenzi.

En la vereda opuesta votaron el bloque Justicialista, el Frente Cívico por Santiago, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza y el puntano Fernando Salino.

El giro oficialista y el cruce en el recinto

El tratamiento legislativo estuvo marcado por un cambio de rumbo del Gobierno nacional. En su redacción inicial, el proyecto buscaba liberar por completo la compra de campos por parte de capitales extranjeros, en sintonía con lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.

Sin embargo, tras los fallos de la Corte Suprema de Justicia y ante la advertencia de la oposición en Diputados de voltear el megadecreto, el oficialismo aceptó derogar el artículo 154 de esa norma.

De este modo, quedó restablecida la Ley 26.737, sancionada en 2011, que pone un tope del 15% a la titularidad de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y municipal.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Agustín Coto, ratificó la reincorporación del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre las Tierras Rurales.

Desde la bancada peronista, el rionegrino Martín Soria calificó la sesión como «vergonzosa e inédita» y apuntó contra la marcha atrás de la Casa Rosada: «En la historia parlamentaria de este Senado no recuerdo un caso similar en donde un gobierno impulsa una ley para hacer una cosa, y el mismo gobierno que mandó ese proyecto termina votando exactamente lo contrario». A su vez, cuestionó el accionar del máximo tribunal por haber generado el escenario de incertidumbre previo.

Por su parte, la senadora Edith Terenzi recordó que el texto original sufrió varias podas en comisiones y en el recinto, donde cayeron los capítulos referidos al Registro Nacional de Barrios Populares y al Manejo del Fuego. La legisladora patagónica valoró la restitución del límite a la extranjerización al sostener que el concepto de tierra está ligado directamente al de soberanía.

Desalojos más rápidos y límites a las expropiaciones

Más allá del capítulo agrario, la ley introduce modificaciones de fondo en el régimen inmobiliario y procesal:

En materia de desalojos, tanto urbanos como rurales, se aplicará el juicio sumarísimo para acortar los plazos judiciales. Si la demanda se basa en deterioro, cambio de destino o uso abusivo, el juez deberá realizar un reconocimiento del inmueble dentro de las 72 horas con asistencia del Defensor Oficial. Cuando se detecten menores, adultos mayores o personas con discapacidad en situación de desamparo, intervendrán organismos estatales para garantizar una alternativa habitacional, aunque sin frenar el proceso.

Para los alquileres de vivienda con falta de pago, el propietario deberá intimar de forma fehaciente por un plazo mínimo de diez días corridos antes de iniciar la demanda, la cual se ejecutará en diez días hábiles.

Además, se habilita la desocupación inmediata bajo caución juratoria por falta de pago o vencimiento de contrato; si el locador oculta documentación para obtener esa medida, enfrentará una multa equivalente a diez meses de alquiler.

Respecto a las expropiaciones, la declaración de utilidad pública pasará a ser de interpretación restrictiva y el Estado no podrá tomar posesión del bien sin haber abonado previamente la totalidad de la indemnización.

El resarcimiento incluirá el daño emergente y un lucro cesante con un tope del 30%, monto que se actualizará por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa activa del Banco Nación. Asimismo, cualquier ocupación temporánea por emergencias o desastres deberá ser dispuesta exclusivamente por el Poder Ejecutivo Nacional y no podrá superar los 90 días, prorrogables por única vez.

Por último, la normativa actualiza la Ley 17.801 para modernizar el Registro de la Propiedad Inmueble mediante la digitalización integral de los trámites, la validez de documentos electrónicos y el uso de firma digital para garantizar la trazabilidad de las operaciones.

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